Asunto:

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, por detención arbitraria, así como a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura, en agravio de V, por elementos de la entonces Policía Federal.

Asunto:

La Fiscalía estatal se había negado a cumplir una Recomendación emitida previamente por la Comisión de Derechos Humanos local, relacionada con este caso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 83/2022 a la fiscal general del estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, ante la no aceptación de un documento similar emitido por el Ombudsperson de esa entidad, relacionado con actos de tortura en contra de dos personas, en Taxco de Alarcón.

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Asunto:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 79/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones a los derechos humanos a la libertad personal y a la seguridad jurídica por retención ilegal, y a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura en agravio de una víctima, atribuibles a elementos de la entonces Policía Federal (PF).

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Asunto:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 76/2022 al titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), José Rafael Ojeda Durán, y al fiscal general de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Martínez Cervantes, por los actos de tortura y violencia sexual cometidos en agosto de 2014 en contra de una persona, atribuibles a elementos de la SEMAR y a policías ministeriales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

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Asunto:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 53VG/2022 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica y personal por retención ilegal, y a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura, en agravio de una víctima, atribuibles a elementos de la SEDENA en el estado de Michoacán.

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Asunto:

Sobre el caso de violaciones a derechos humanos a la seguridad jurídica por detención arbitraria y retención ilegal, en agravio de QV, por elementos de la Secretaría de Marina; así como a la integridad personal y al trato digno consistentes en actos de tortura y violencia sexual en agravio de QV, por elementos de la Secretaría de Marina y Policías Ministeriales de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado de México.

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Asunto:

Sobre el caso de violación a derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica por retención ilegal, a la integridad personal, al trato digno por actos de tortura en agravio de V, por elementos de la entonces Policía Federal.

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Asunto:

Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica y personal por retención ilegal, a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura en agravio de V, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Asunto:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 52/2022 al titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), almirante José Rafael Ojeda Durán, por violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura, en agravio de un ciudadano que transitaba en una carretera de Tamaulipas, hechos atribuibles a, al menos, dos servidores públicos de la SEMAR.

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Asunto:

Los actos de tortura, en tanto que violentan derechos humanos, son materia de investigación y competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), hace un llamado al titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, a reconocer las acciones realizadas por los organismos públicos defensores de derechos humanos en la investigación de la tortura, el derecho de las personas privadas de la libertad a presentar quejas, y a que sus casos sean pronta e imparcialmente examinados por las autoridades competentes.