La huelga de 1999 en la Universidad Nacional Autónoma de México fue un ejercicio de resistencia frente a la etapa que iniciaba: la era neoliberal. Se preveía desde entonces cuál era su potencial dañino y cómo produciría una sociedad más desigual, donde las personas marginadas serían oprimidas hasta niveles inauditos. Si bien esta huelga fue un ejercicio perfectible, al que no fueron ajenas las tentaciones del poder, fue también una de las más importantes resistencias ante la devastación que se aproximaba.
Este movimiento estudiantil representó la denuncia y exigencia del ejercicio de sus derechos a la educación libre y gratuita, a la libertad de expresión, manifestación pacífica en el reclamo de acceder a sus derechos humanos y poder construir una vida digna.
La CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares a la Abogacía General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para prevenir situaciones de inseguridad en agravio de las y los estudiantes que se encuentran en paro en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco y en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán. Este Organismo Nacional tuvo conocimiento que el pasado sábado 4 y domingo 5 de abril ocurrieron incidentes violentos en las instalaciones del CCH Azcapotzalco y la FES Acatlán.
La CNDH realiza diversas acciones para salvaguardar los derechos humanos a la protección de la salud, así como a la libertad de expresión y de protesta de las personas que integran el movimiento estudiantil de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se encuentran en paro de actividades al interior de las instalaciones ubicadas en Ciudad Universitaria.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), recibió el 18 de marzo pasado, una queja colectiva de estudiantes de la Universidad Autónoma de México (UNAM), en la que exponen hechos que ponen en riesgo su integridad personal, los cuales son susceptibles de investigación, por tratarse de posibles actos que pudieran configurar violaciones a sus derechos fundamentales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte sobre la precaria situación que enfrentan más de 9 millones de personas a nivel nacional que cuentan con muy bajo o nulo acceso a servicios de salud, y quienes radican en 120,531 localidades rurales, de acuerdo con cifras del CONEVAL, lo que es consecuencia de la falta de inversión pública en el sistema de salud y representa un gasto del bolsillo para esas personas, ya que del total del gasto de salud en México en 2016, el 41.4% correspondió a erogaciones directas de las familias.
Al participar en la inauguración del Foro de Análisis: Una Aproximación a los Derechos Económicos, Luis Raúl González Pérez dijo que la realización de los derechos debe ser el eje del presupuesto público El Rector Enrique Graue aseguró que mientras en el país haya 50 millones de pobres, 10 de ellos en pobreza extrema, los derechos humanos seguirán siendo un pendiente que debe seguir defendiéndose
El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, y el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, firman convenio específico de colaboración
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la inadecuada utilización de los recursos públicos o el desvío de los mismos para fines particulares por prácticas de corrupción, genera deficiencia en la prestación de servicios por el Estado y afectaciones en el ejercicio de derechos humanos como a la protección de la salud, educación, acceso a la justicia, a la verdad y reparación del daño, y a un medio ambiente sano, por lo que es necesario erradicar dichas prácticas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera preocupante la falta de acceso al agua, que se agudiza en función del crecimiento de la población, el desarrollo económico y los patrones de consumo cambiantes, entre otros factores, por lo cual insta a los actores gubernamentales, privados, sociales, academia y organismos de protección a generar acciones coordinadas y estratégicas que faciliten un acceso mayor y sostenible de ese recurso, en especial para las personas y comunidades de las zonas rurales y urbanas menos favorecidas.
Para la adecuada protección y conservación de las 182 Áreas Naturales Protegidas con que cuenta México, es fundamental incluir una metodología interdisciplinaria que considere las necesidades sociales con las ambientales, así como ampliar la integración de otras dependencias e instituciones gubernamentales, cuya labor está directa o indirectamente vinculada a la protección del ambiente, en lo relativo a asignación de presupuestos y procuración y administración de justicia, entre otras, para lograr que la política pública que se implemente impacte de manera positiva en la vida de las personas que habitan estas zonas.
