La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el marco de sus atribuciones constitucionales, exhorta a las y los legisladores del Congreso del Estado de Oaxaca a publicar los resultados de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, realizada en torno a la publicación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, tal y como lo sentenció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el año 2020, a fin de garantizar los derechos fundamentales a la autonomía y libre determinación de pueblos y comunidades indígenas consagrados en la Constitución Política Nacional, en su artículo 2.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebra la entrada en vigor de las reformas hechas por el Congreso del estado de Coahuila a diversas leyes de la entidad, las cuales garantizan el goce de derechos a la salud, a la salud reproductiva y sexual, así como a una gestión menstrual digna, en beneficio, principalmente de mujeres privadas de la libertad, en situación de vulnerabilidad y en condición de pobreza extrema.
Ante la creciente crisis en el desabasto y distribución del agua que se vive en diversas regiones de México, principalmente en las zonas centro y norte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los poderes legislativo y judicial, para trabajar en conjunto para eliminar la corrupción sistemática que prioriza el otorgamiento de concesiones desmedidas a empresas y entes privados que explotan y contaminan los recursos hídricos del país con el único fin de obtener beneficios económicos, no obstante que ello contraviene el derecho humano de la población al abasto del agua de forma suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible.
Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está atenta a la discusión que se realiza en la Cámara de Diputados del estado de Guerrero sobre la Iniciativa de Decreto por medio de la cual se modifican diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero en materia de aborto, misma que de ser aprobada representaría un avance importante en la consecución de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, particularmente de sus derechos sexuales y reproductivos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) celebran la aprobación de las reformas al Código Penal de la entidad que reconocen el derecho exclusivo de las mujeres a la maternidad voluntaria y el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “es más autónoma que nunca, no sólo del gobierno, sino de los partidos y los grupos económicos, porque lo que hoy tenemos es una Defensoría del Pueblo, que no es, por cierto, un concepto pasado de moda”, aseguró la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, quien señaló que “no ha sido fácil resarcir violaciones históricas a los derechos humanos, porque removemos vicios e intereses, pero avanzamos firmemente hacia un nuevo modelo de protección y defensa de los derechos humanos que redundará sin duda en una mejor atención a las y los ciudadanos”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta al Congreso del estado de Tamaulipas a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, contribuyendo así a eliminar la discriminación sistémica y estructural ejercida en su contra, y garantizando la certeza jurídica y su derecho a formar una familia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifiesta su rechazo a cualquier reforma legislativa que constituya una regresión en los derechos humanos de las mujeres, por lo que insta respetuosamente al Congreso del Estado de Guerrero a garantizar el derecho que tienen las mujeres víctimas de violencia sexual a interrumpir legalmente su embarazo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a los Congresos de los estados de Sonora y Guanajuato a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, contribuyendo así a eliminar la discriminación sistémica y estructural ejercida en su contra, y garantizando la certeza jurídica y su derecho a formar una familia.
