Durante el mes de enero de 2023, la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 (CEFERESO-16), ubicado en Coatlán del Río, Morelos, podrían encontrarse ante presuntas violaciones a sus derechos humanos, toda vez que, en inspección rutinaria, se identificaron datos susceptibles de ser probados, relacionados con encierros prolongados y deficiente atención de su salud física y mental, por lo que inició una queja que en la actualidad se encuentra en proceso de integración, además de que, en su momento, y dada la gravedad de los hechos, se emitieron medidas cautelares.
Marco histórico objeto de las investigaciones de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente (1951-2016).
Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) saludamos la publicación del informe “Hasta perder el sentido. Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014”, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que se aportan elementos de análisis del contexto en México relativos a la seguridad, la justicia, la tortura y la situación de riesgo de quienes defienden los derechos humanos de las víctimas de tortura.
México alberga un sinfín de historias de violencia, injusticias y abusos de poder, consecuencia de las propias contradicciones de la evolución de la sociedad mexicana, y de sus instituciones. El Caso Ayotzinapa, plasmado en la Recomendación 15VG/2018, es una de esas historias, una profunda herida en la memoria colectiva de la sociedad mexicana, que acompaña el dolor y la zozobra con que han tenido que vivir las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desde el 27 de septiembre de 2014.
Derivado de un trabajo que abarcó desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró que, en los últimos diez años, más de 70 mil personas migrantes han sido víctimas de tráfico y secuestro en México.
Informe Especial de la CNDH sobre el estado que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020
A cinco años de los sucesos victimizantes de Asunción Nochixtlán, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral es la respuesta que permitirá el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental, lo que ha sucedido para las personas en situación de víctimas de Nochixtlán. Estos derechos configuran el pilar fundamental para combatir la impunidad y constituyen un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático, puesto que coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios.
En el Informe Ernestina Ascencio Rosario, Recomendación 34/2007: Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), analiza las acciones y omisiones realizadas por dependencias y organismos que intervinieron en la investigación de los hechos relacionados con el caso de la señora Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl.
Buenos días.
Saludo a todas y todos los aquí presentes.
Saludo a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos; a su presidenta maestra Nashieli Ramírez Hernández, aquí presente, y desde luego a las y los titulares estatales de los organismos públicos autónomos defensores de los derechos humanos; y de manera especial agradezco a su secretario y presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, Lic. Juan José Zepeda Bermúdez, con quien nos hermana un compromiso indeclinable con las víctimas y la defensa de los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que la reivindicación de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral es la respuesta que permitirá el esclarecimiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos que heredamos y que persisten en el país. Estos derechos configuran un pilar fundamental para combatir la impunidad y constituyen un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático, puesto que coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios.
