Invitar a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a que compartan y expongan la información que han generado sobre la magnitud y las tendencias de la migración extra continental en las Américas.
Reconocer la importancia de la cooperación para atender en el ámbito nacional de cada Estado los flujos de las personas migrantes venezolanas en la región.
La trata de personas es un delito que, sin importar fronteras, nacionalidades, ni condición económica, interrumpe el libre desarrollo de mujeres, hombres y personas menores de edad, atenta contra la dignidad de los seres humanos y pone en riesgo millones de vidas cada año. Se nutre de la falta de visibilidad, de la indiferencia y de la tolerancia a prácticas que se han normalizado socialmente.
1. Estudiar los trabajos preparatorios que se llevaron a cabo para consolidar los Principios de París, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, con los que se reconoció el estatuto de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en el Sistema Universal.
La Red sobre Migrantes y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), a partir de la experiencia reseñada, considera necesario la implementación estándares mínimos para la atención a contingentes masivos de personas en contexto de movilidad que garanticen el pleno acceso a sus derechos humanos, a través de las cuales se amplie y mejore la coordinación interinstitucional existente y se fomente la colaboración entre actores clave en el proceso de atención, tanto a nivel interno como entre los países cuyos nacionales formen parte de los contingentes.
En relación con el Objetivo 2.c, acerca de establecer o reforzar mecanismos para vigilar y anticipar la evolución de los riesgos y amenazas que puedan desencadenar movimientos migratorios o influir en ellos, fortalecer los sistemas de alerta temprana, preparar procedimientos y herramientas para emergencias, iniciar operaciones de emergencia y respaldar la recuperación posterior, brindando estrecha cooperación y apoyo a otros Estados, las autoridades nacionales y locales competentes, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil; se propone:
