Es necesario que las y los funcionarios públicos incorporen el análisis de contexto para determinar el marco en el que ocurren casos de desaparición forzada de personas, feminicidios, homicidios y otras violaciones graves a derechos humanos, para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, aseveró la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 43VG/2021 al titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), almirante José Rafael Ojeda Durán; al gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo; y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por la detención arbitraria y desaparición forzada de una persona en el municipio de Salamanca, Guanajuato, atribuible a elementos de la SEMAR y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE).
Desde su creación en febrero de 2020, la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente ha estado trabajando reuniendo documentación, integrando quejas, profundizando en las investigaciones existentes y abriendo nuevas líneas de investigación, derivado de lo cual se tiene prevista la emisión de una Recomendación General al Estado Mexicano.
Marco histórico objeto de las investigaciones de la oficina especial para investigar la represión y desapariciones forzadas por violencia política del estado durante el pasado reciente (1951-2016)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR); Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, al considerar que se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, de acceso a un empleo público; así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha mantenido atenta desde el primer momento en que conoció de los actos de violencia en contra de alrededor de 300 estudiantes de la Escuela Rural Mactumactzá y 30 integrantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas, que abanderaban demandas para mejora educativa; y expresa su preocupación ante las denuncias de que por lo menos hay 54 personas que permanecen como desaparecidas, por lo que reclama de las autoridades del estado apego a la ley y atención urgente y especial.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un atento llamado al H. Congreso de la Unión para que, en el proceso legislativo que continúa, correspondiente al proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), reconozca los derechos y la participación activa de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Este Organismo Nacional enfatiza la importancia de que México cuente con una FGR fortalecida e independiente, que realice sus funciones con plena observancia a los principios y derechos establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte.
En un Extrañamiento, la CNDH expresa su preocupación por la reciente declaración pública del exgobernador, Ángel Aguirre Rivero, contra el defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra, quien ha sido por años y es representante de las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Este Organismo Nacional considera que dicha declaración contraviene la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, instrumento de la Organización de las Naciones Unidas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió este día una queja colectiva presentada por familiares de personas desaparecidas en la que solicitan su intervención y protección ante presuntos actos y omisiones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
A cerca de siete años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, persiste la impunidad y la falta de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas. Sus madres y padres mantienen la presencia del dolor de no saber el paradero de sus hijos. El pueblo de México no puede condescender con la injusticia crónica y la ausencia de verdad.
