La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebra el acto de disculpa pública que, con motivo de la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, llevaron a cabo, como primer acto de gobierno la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, así como la firma del decreto por el que se reconoce a este hecho como un crimen de lesa humanidad por el uso de las fuerzas del Estado en contra de un sector de la población, como parte de la política represiva y contrainsurgente que el régimen autoritario implementó de manera sistemática contra las disidencias políticas y sociales desde la década de los cincuenta del siglo pasado.
Una vez más, medios comerciales como Proceso, Excélsior y El Universal, lanzan una serie de ataques contra la gestión que encabeza Rosario Piedra Ibarra y usan, como parece ya habitual entre algunos llamados comunicadores, la burda mentira como herramienta para sustentar su campaña de ataques. Tan burda es, que nuevamente recurren a un anónimo de 10 supuestos “trabajadores y ex trabajadores” como fuente de sus supuestas “revelaciones” que son acusaciones graves.
Una vez satisfechos los requisitos legales y constitucionales que validan la aprobación de la Reforma del Poder Judicial hecha por las cámaras de Diputados y Senadores, así como por diversos congresos de los estados de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa que, después de realizar un análisis serio y exhaustivo de la reforma, así como de las condiciones en que se llevó a cabo su aprobación y publicación, no interpondrá acción de inconstitucionalidad alguna en contra de ésta, toda vez que dicha reforma es el resultado de la voluntad popular y una de las consecuencias derivadas del proceso democrático del 2 de junio.
Como era previsible, nos fue notificada el día de ayer la burda y amañada resolución del procedimiento especializado sancionador 484 por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que, con los votos de los magistrados Luis Espíndola Morales y Mónica Lozano Ayala, se dictaminó en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta decisión, originada en una denuncia del Partido Acción Nacional (PAN), nos acusa de “vulnerar” los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral de 2024, además del supuesto “uso indebido de recursos públicos” y, el colmo, de “difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido”, todo esto a raíz de la publicación del Primer y Segundo Informes “Sobre Violencia Política para la Protección y Defensa del Derecho a la Democracia”.
Ante las recientes declaraciones realizadas, en conferencia de prensa, por el señor Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C., en las que acusó “poco compromiso” por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la supuesta falta de una recomendación o un pronunciamiento público por el caso de la niña H. M. P. R., la CNDH se ve en la necesidad de realizar las siguientes precisiones:
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refrenda su compromiso con la defensa del pueblo y la protección de los derechos a la verdad, la justicia y la memoria, así como su compromiso de continuar contribuyendo a la búsqueda de la verdad y la justicia, y a mantenerse vigilante del respeto a los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su sorpresa y lamenta profundamente el sesgo oportunista y frívolo con el que el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) se refirió el día de ayer a una propuesta de iniciativa de Ley que nuestra presidenta, Rosario Piedra Ibarra, presentó ante el pleno del Congreso de la Unión desde el mes de enero de 2023.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca el esfuerzo conjunto realizado en torno a la Alerta de Violencia de Género en el estado de San Luis Potosí. Este reconocimiento se vincula con la reciente actualización de la Resolución de la Secretaría de Gobernación, relativa a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia feminicida en esta entidad.
A raíz de la información divulgada en las últimas horas a través de diversos medios de comunicación sobre presuntas listas que contendrían los nombres de “183 personas detenidas en México entre 1972 y 1974”, de quienes se infiere habrían sido víctimas de los llamados “vuelos de la muerte”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que esta es una gran oportunidad para profundizar en un episodio clave de la llamada “Guerra Sucia”.
Derivado de la nota periodística emitida por El Heraldo de Aguascalientes en donde aseveran, de manera tendenciosa e irresponsable, sobre esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde sostienen que “la apertura de esta estación no depende directamente del INM, sino de la aprobación de la CNDH, cuya visita para evaluar las instalaciones aún no ha sido programada”, es necesario señalar que las atribuciones Constitucionales de la Comisión Nacional son la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos; sin embargo la CNDH NO cuenta con atribuciones legales para determinar la suspensión o autorización de actividades en el funcionamiento de las Estaciones o Estancias Migratorias.
