El gobierno de Ecuador concede asilo político a Julian Assange, fundador de Wikileaks

Julian Assange es un periodista, activista y fundador de WikiLeaks, un portal que desde 2006 se ha encargado de filtrar documentos clasificados como material confidencial en los que se han dado a conocer numerosas violaciones a los derechos humanos.

Assange nació el 3 de julio de 1971 en Australia. Como defensor del derecho a la verdad, a lo largo de su vida se ha dedicado al hacktivismo, el uso de internet y nuevas tecnologías para traspasar brechas de seguridad en equipos informáticos, con un fin social, político o reivindicativo.

Desde su fundación en 2006, Assange divulgó a través de la plataforma WikiLeaks información de interés público sobre violaciones a derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por el ejército estadounidense en Irak, Afganistán, Cuba y Guantánamo.

WikiLeaks ha publicado miles de registros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, demostrando que la diplomacia estadounidense ha tenido impactos dañinos en muchas partes del mundo.

Como consecuencia de la difusión de los hechos, Assange fue acusado de espionaje por el gobierno de Estados Unidos iniciando así, toda una persecución en su contra. Assange es acusado de una veintena de delitos por las informaciones y documentos que se han filtrado en su portal. Esta situación lo obligó a buscar refugio que le fue concedido el 16 de agosto de 2012, cuando el gobierno de Ecuador le otorgó asilo político en su Embajada con domicilio en Londres. Desde entonces, Assange vivió refugiado en la embajada. En diciembre de 2017, el gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno le otorgó la ciudadanía con la intención de encontrar una salida al conflicto. Sin embargo, el intento no se concretó y tras años varios de vivir en la embajada, su permiso fue retirado en 2019. Assange fue detenido por las autoridades del Reino Unido y desde entonces ha permanecido en una prisión de máxima seguridad.[1]

El 17 de junio de 2022, Priti Patel, Ministra de Interior del Reino Unido aprobó una orden de extradición en su contra, a petición del gobierno de Estados Unidos. De ejecutarse, Assange se enfrentaría a cargos por infringir la ley de espionaje de 1917 que prohíbe filtrar información relacionada con la seguridad nacional y podría ser sentenciado hasta por 175 años de prisión. [2]

Assange es un periodista que se ha encargado de alertar e impulsar una generación de periodismo y activismo dedicada a la revelación de graves abusos de poder y violaciones a los derechos humanos. Durante el proceso de persecución y detención al que ha sido sometido, sus derechos han sido violados sistemáticamente. [3]El juicio a Assange por su trabajo de investigación tiene un efecto amedrentador sobre el trabajo de los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa.

El proceso iniciado por el gobierno estadounidense representa una grave amenaza para la libertad de prensa. Pues debilita el papel fundamental que desempeñan los periodistas y editores a la hora de exponer las irregularidades de los gobiernos. De confirmarse, haría que periodistas de todo el mundo tuvieran que convivir con una amenaza constante.[4]

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental establecida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.[5]

En julio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso de abogar ante el gobierno de Estados Unidos por la libertad del periodista, afirmó que ésta injustamente detenido, pues lo único que ha hecho ha sido dar a conocer prácticas injerencistas, violatorias de los derechos humanos.

Tan solo en 2021, en México se registraron 8 asesinatos y 644 ataques contra la prensa vinculados al ejercicio de su labor periodística. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la situación alarmante que enfrentan en el país las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como por la omisión con que se han conducido hasta ahora las autoridades ante el aumento de agresiones.[6]