Reconocimiento del derecho al voto de las mujeres mexicanas

Después de años de lucha, protesta y organización, el Estado mexicano reconoce el derecho de la participación política de la mujer a ejercer el voto activo y ser elegidas como representantes populares. Si bien se logró el reconocimiento en 1953, la batalla aún sigue en distintos aspectos de la vida cotidiana, política, económica, cultural y social: debemos seguir promoviendo la equidad e igualdad, además de eliminar la violencia política hacia el sector femenino.

Desde el siglo XIX, la lucha femenina por ejercer su derecho al voto ha estado presente en la historia mexicana. En 1887 se publicó el primer ejemplar de la revista Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright Kleinhans. El objetivo era difundir artículos exclusivos de escritoras, quienes demandaban el sufragio femenino[1].

Después, en los preámbulos del estallido de la Revolución mexicana, Dolores Jiménez y Muro fundó el club femenil antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc. Luego, sus integrantes protestaron por el fraude en las elecciones. Además, demandaron: “Es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar"[2].

Al mismo tiempo, existían grupos a nivel local que proclamaban la emancipación de la mujer. Por ejemplo, Rita Cetina Gutiérrez fundó la sociedad feminista La Siempreviva, la cual tendría una alumna que sería fundamental en la defensa de los derechos femeninos en los siguientes años: Elvia Carrillo Puerto, quien organizó en 1912 la Primera Liga Feminista Campesina y el 13 de enero de 1916 impulsó, junto con el gobernador de Yucatán Salvador Alvarado, el Primer Congreso Feminista en el país, y el segundo en Latinoamérica[3]. La idea era clara: demandar y conseguir el voto a las mujeres.

Por otro lado, Hermila Galindo se afilió en 1916 al bando constitucionalista, liderado por Venustiano Carranza. A partir de los postulados de John Stuart Mill, Aleksandra Kolontái, August Bebel y Rosa Luxemburgo, ella elaboró un discurso que exigía la emancipación de la mujer a través de la educación y la participación política[4]

El eco a nivel nacional era reflejo de la situación internacional. La discusión sobre el voto femenino se difundió después del inicio de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). En 1917, en Gran Bretaña se estableció el sufragio solo para mujeres jefas de familia y mayores de 30 años edad. Tres años después, el voto femenino se concretó en Estados Unidos.

Sin embargo, el movimiento nacional sufrió en 1917 un duro golpe por las creencias existentes de la época. En este caso, los políticos pensaban que las mujeres solo debían “preocuparse por el bienestar de su hogar y su familia”. Igualmente, se observó esta ideología patriarcal en la publicación del Diario del Congreso Constituyente, que enunciaba “las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos"[5].

Durante la década de 1920 se impulsaron leyes para que las mujeres participaran en los procesos electorales a nivel municipal en estados como Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas. Por otro lado, en ciertos estados, como Tabasco, estaba condicionado su ejercicio a aquellas que contaban con una “moral sexual intachable” y pensamiento socialista. Otra imposición era que sólo podían ocupar la mitad de las regidurías y que la presidencia municipal siempre recayera en un varón[6].

Dentro de ese contexto complicado y opresivo, en 1925 Carrillo Puerto participó en las elecciones de San Luis. Sin embargo, el gobernador Abel Cano desconoció el triunfo de la candidata para ser diputada del cuarto distrito del estado. La omisión representó una violencia política contra ella, pues anuló sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo[7].

El panorama comenzó a transformarse cuando en 1935, Maria del Refugio Gracia y Esther Chapa crearon el Frente Único Pro-Derechos de la Mujer (FUPDM), que llegó a contar con más de 50 mil mujeres afiliadas. Esa circunstancia se combinó con el mandato socialista y democrático de Lázaro Cárdenas (1934-1940), el cual incorporó al sector femenino en las elecciones internas del partido. En julio de 1937, Refugio García era designada a ocupar una curul por Uruapan, Michoacán. Pese a su victoria, en agosto de ese año el Comité Electoral de la Cámara de Diputados se negó a darle el triunfo y eligió a un oponente varón en su lugar[8].

Una vez más se mostraba la violencia política hacia la mujer por impedirle ejercer sus funciones políticas con base en estereotipos de género y, por lo tanto, se perjudicaba su imagen pública[9].

En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas estuvo a punto de reformar el artículo 34 constitucional, para reconocer a hombres y mujeres en igualdad de condiciones. A pesar de que la iniciativa fue aprobada, se presentaron irregularidades que aún no se han explicado, por lo cual no entró en vigor.

¿Por qué se detenía la aprobación? Una vez más los prejuicios eran la barrera infranqueable que impedía el pleno goce de derechos políticos de las mujeres. En ese momento, ciertos sectores de la sociedad creían que el rol femenino se limitaba solo a su papel de madres y esposas abnegadas[10]; es decir, también se presentaba otra forma de violencia política hacia ellas: restringir sus derechos debido a la aplicación de tradiciones o costumbres.

El siguiente paso se dio el 12 de febrero de 1947, cuando el presidente Miguel Alemán Valdés reformó el artículo 115. A partir de su publicación, las mujeres podrían ejercer el derecho al voto municipal “en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”. No obstante, las académicas especializadas en el tema consideraron que este logro se consiguió como un favor dependiente de la voluntad presidencial, mas no como una respuesta a la exigencia social. Asimismo, el panorama latinoamericano tal vez influyó en la decisión, ya que países como Brasil (1932); Argentina (1947) y Chile (1949) establecieron el voto femenino en aquellos años[11].

La consolidación del proyecto llegaría en abril 1952 durante las elecciones presidenciales para el periodo de 1952-1958. Adolfo Ruiz Cortines anunció en su campaña, ante 20 mil mujeres reunidas en el Parque 18 de marzo de la Ciudad de México, el reconocimiento del voto femenino. No obstante, el proyecto fue impulsado por Amalia Castillo León, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, quien le exigió los derechos políticos de las mujeres mexicanas. También Amalia González Caballero le solicitó personalmente que promoviera una reforma para conseguir la ciudadanía plena, que incluía la igualdad social, política, económica y de educación, las cuales eran reconocidas en distintos países del mundo[12].

Un año después, el 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial los cambios correspondientes al artículo 34: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir"[13]. Incluso en ese año las mujeres participaron en las elecciones de gobernador y diputados en el estado de Baja California Norte. Posteriormente, el 7 de septiembre de 1954, Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera diputada federal por el Primer Distrito de Baja California Norte.

Al respecto, Hermila Galindo señaló lo siguiente: “Hasta 1953 se reformó el artículo 34, después de que la ONU en 1952 dijo que un país no se podía decir democrático si más de la mitad de su población no tenía la ciudadanía, es decir, ya había una presión internacional y México fue de los últimos seis países en legislar el voto femenino”[14].

Más adelante, en las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas para emitir su voto a nivel nacional, para elegir diputados federales de la XLIII Legislatura. En aquella ocasión resultaron electas Remedios Albertina Ezeta, por el Estado de México; Margarita García Flores, por Nuevo León; Guadalupe Ursúa Flores, por Jalisco y Marcelina Galindo Arce, por Chiapas[15].