Sublevación de los yaquis; las compañías deslindadoras extranjeras los despojan

El 31 de julio de 1899 las tribus yaquis se levantaron contra el gobierno de Porfirio Díaz, en lo que fue una de las guerras más crueles y largas de la historia de México. Desde entonces y hasta el día de hoy la tribu yaqui ha sido un ejemplo de lucha y resistencia en defensa del territorio y la autonomía de los pueblos indígenas.

Conformados por ocho pueblos llamados Vícam, Pótam, Bácum, Tórim, Ráhum, Huírivis, Belem y Cócorit, los yaquis habitan la yoemia. El nombre que le han dado a su territorio, ubicado al norte del país, en el estado de Sonora.

El conflicto con el gobierno mexicano se presentó cuando en 1866 la Constitución Política de Sonora estableció en su Artículo 17 que “las tribus errantes y la de los ríos Yaqui y Mayo no gozarán de los derechos de los ciudadanos sonorenses, entretanto conserven la organización anómala que tienen en sus rancherías o pueblos”. Significando que las tribus quedaban al margen de la ley y sus tierras, libres a la explotación y colonización.[1]

La segregación se intensificó cuando el presidente Manuel González expidió el 15 de diciembre de 1883 la ley de deslinde de terrenos baldíos y colonización. Permitiendo a las compañías deslindadoras despojar de sus territorios a las comunidades yaquis. Usando el concepto “territorios baldíos”, se desconoció la existencia de sus territorios, violando su identidad, propiedad privada y protección ante la ley. Se estima que en el periodo de 1883 a 1910, las compañías deslindaron 63 millones de hectáreas.[2]

Cuando los líderes yaquis se organizaron para rechazar la presencia y la administración del Estado las hostilidades aumentaron. Parte de la población se refugió en la sierra de Bacatete, mientras que otros se dispersaron en haciendas, ranchos y minas. En consecuencia, el gobierno comenzó con la construcción de un ferrocarril y la planeación de una infraestructura de riego. Esta última demandaba el restablecimiento de la población, por lo que se acordó un periodo de paz entre el líder yaqui, Juan Maldonado Teta Biakté y el gobernador del estado Luis Torres. Firmando lo que se conoció como “la paz de Ortíz” el 15 de mayo de 1897 .[3]

Ante el incumplimiento del gobierno y tras los continuos abusos de la colonización, el 31 de julio de 1899, la tribu yaqui se levantó en armas para defenderse. Este fue el inicio de una represión local y posteriormente sistemática, organizada y militarizada en contra de la población.[4]

La tribu yaqui resistió la embestida y se armó para defenderse de las fuerzas armadas locales, apoyadas por las guardias de los latifundistas y agricultores ricos. Cuando esas fuerzas fueron derrotadas por el coraje y constancia de los yaquis, el gobierno porfirista lanzó contra ellos al ejército federal para asesinarlos. Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, la tribu yaqui padeció una de las guerras más injustas y cruentas que un pueblo haya soportado.[5]

La violencia ejercida por el Estado llegó al grado de que durante el periodo porfiriano muchos jefes y combatientes yaquis fueron deportados a otros estados del país en calidad de prisioneros de guerra y obligados a trabajar como esclavos o jornaleros en una maniobra de acoso y aniquilamiento que, de acuerdo con muchos estudiosos de la historia, constituyó un verdadero genocidio.[6]

Después de la Revolución Mexicana iniciada en 1910, el gobierno del presidente Lázaro Cárdena intentó enmendar las injusticias históricas cometidas por el Estado contra la tribu yaqui. En consecuencia, se le reconoció su derecho a la propiedad colectiva sobre buena parte de sus tierras y otorgándoles el 50% de las aguas del río Yaqui. Los yaquis pudieron obtener su libertad y regresar a su lugar de origen.

La lucha yaqui por la defensa del territorio ha sido constante. En 2006 se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro de la cual los yaquis señalaron que el Estado mexicano ha violado su derecho a la propiedad colectiva en virtud del reconocimiento parcial, despojo y la falta de demarcación, delimitación y titulación de su territorio ancestral; la ausencia de recursos efectivos para lograr el cumplimiento de las obligaciones en materia de propiedad colectiva indígena; la expropiación estatal de territorio tradicional previamente reconocido; el despojo y falta de acceso a las aguas pertenecientes al territorio yaqui; el alegado otorgamiento de concesiones y autorización para proyectos de infraestructura sin la consulta y, en su caso, el consentimiento previo, libre e informado del pueblo yaqui, y la inexistencia de un marco legal adecuado para satisfacer los derechos de los pueblos indígenas.[7]

En 2015 con el informe no 48/15, el CIDH reconoció la denuncia admitiendo las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención Americana. Específicamente los derechos 4, 5, 8, 19, 21, 23, 24, 25 y 26 que hablan sobre el derecho a la integridad de la persona, las garantías judiciales, derechos del niño, el derecho a la propiedad privada, los derechos políticos, la igualdad ante la ley, la protección jurídica y el desarrollo progresivo. [8]

El gobierno federal implementó el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui ante las demandas históricas, bajo los ejes temáticos de tierras y territorio, derecho al agua, educación, cultura, salud y medicina tradicional e infraestructura social y básica. Se trabajó de manera colectiva a través del diálogo. En el marco de la Vigésima Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), reafirmó el compromiso de trabajar de la mano de los ocho pueblos que componen la Nación Yaqui. [9]

Hasta ahora se han tomado 55 acuerdos concretos entre las autoridades tradicionales y el Gobierno de México, de los cuales se tiene avances en las negociaciones para adquirir 34 mil hectáreas para la restitución de tierras al Pueblo Yaqui, la creación de un nuevo distrito de riego, la conclusión del edificio de la Universidad del Pueblo Yaqui y la construcción de un hospital regional.