El 26 de junio pasado, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), publicó su informe “global” sobre la tortura 2025, un informe que analiza, por cierto, solamente a 26 países del mundo, sin razones metodológicas sólidas. El documento en línea incluye una ficha técnica de México, donde se le da a nuestro país una “clasificación general” de “riesgo alto”, calificación que también asignaron a países como Camerún, República Democrática del Congo, Malasia o Pakistán.
Después de muchas décadas, finalmente estamos poniendo énfasis en acabar con la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que han lacerado y laceran a la sociedad mexicana, lo cual ha permitido generar avances en esta materia, señaló la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), maestra Rosario Piedra Ibarra.
Sobre el caso de violaciones graves a derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica por retención ilegal de QV1 y QV2, a la integridad personal, al trato digno por actos de tortura en agravio de QV1, así como al derecho a la familia, al sano desarrollo y al núcleo familiar en agravio de QV1, QV2, VI1, VI2 y VI3, por elementos de la entonces Policía Federal, en Coacalco de Berriozábal, Estado de México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 182VG/2025 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para garantizar una reparación integral a una familia afectada por violaciones graves a sus derechos humanos, ocurridas en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, y atribuibles a exintegrantes de la entonces Policía Federal (PF).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 181VG/2025 a la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cometidos hace casi 20 años, con los cuales se vulneraron gravemente los derechos humanos de tres personas, ante lo cual esta dependencia deberá reparar inmediatamente el daño causado y gestionar atención médica y psicológica en su favor.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la libertad e integridad personal y al trato digno por actos de tortura, por parte de personal de la Fiscalía General de la República en agravio de V1 y V2; a la libertad e integridad personal y al trato digno por falta de protección judicial por parte de personal de la Fiscalía General de la República en agravio de V3; al derecho de circulación y residencia por parte de personal de la Fiscalía General de la República, en agravio de V3; así como, al debido proceso y acceso a la justicia, por parte de personal de la Fiscalía General de la República en agravio de V1, V2 y V3.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 180VG/2025 dirigida a la Secretaría de Marina (MARINA), al confirmar que las víctimas fueron objeto de graves violaciones en Tabasco. Se constató que vieron afectados su derecho humano a la dignidad, integridad personal, libertad y seguridad jurídica. La CNDH instó a la MARINA a tomar las medidas necesarias para reparar los daños causados y garantizar que estos actos no se repitan.
Sobre el caso de violaciones graves a derechos humanos al trato digno, integridad y seguridad personal, por actos constitutivos de tortura en agravio de V1, y tratos crueles inhumanos y degradantes en agravio de V2 y V3, así como a la libertad, seguridad personal y legalidad por la retención ilegal de V1, V2 y V3 atribuibles a elementos de la Secretaría de Marina en Paraíso, Tabasco.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal, por actos constitutivos de tortura en agravio de V, cometidos por elementos de la entonces Policía Federal, en la Ciudad de México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 177VG/2025 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por violaciones graves a los derechos humanos de una mujer detenida, quien fue víctima de tortura física, psicológica y sexual a manos de elementos de la entonces Policía Federal (PF) comisionados en Chilpancingo, Guerrero quienes actuaron bajo un rol de poder que vulneró la integridad de la víctima.
