Asunto:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado urgente al Juez Primero de lo Penal de Primer Instancia del Quinto Distrito en el estado de Tamaulipas, a efecto de que, con pleno respeto a su facultad jurisdiccional, se pronuncie sobre la prolongación o cese de la prisión preventiva decretada en un proceso penal que se le sigue a una mujer indígena de origen guatemalteco en contexto de movilidad y pobreza, en virtud de que han transcurrido 7 años y 6 meses aproximadamente de su ingreso al Centro de Ejecución de Sanciones en esa entidad, sin que a la fecha haya recibido una sentencia, lo cual contraviene el plazo constitucional establecido para tal efecto, vulnerándose sus derechos a la presunción de inocencia, seguridad jurídica, debido proceso en transversalidad con sus derechos al acceso a la justicia y a la libertad personal.

Asunto:

Sobre el caso de violación al derecho a la protección de la salud en relación con el acceso al más alto nivel de salud física y mental en agravio de personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social, en Buenavista Tomatlán, Michoacán.

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Asunto:

Este Organismo Nacional acreditó el deceso a la falta de atención médica especializada, tratamiento y cuidado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 017/2022 al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, por la falta de adecuado seguimiento de atención médica especializada y tratamiento oportuno, así como de la omisión en el deber de cuidado que derivó en la pérdida de la vida de un interno en el Centro de Readaptación Social (CEFERESO) 11 de Hermosillo, Sonora.

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Asunto:

Sobre el caso de revisiones indignas a visitantes de personas privadas de la libertad y defensores de derechos humanos que ingresan a los Centros Federales de Readaptación Social, lo que vulnera el derecho a la integridad personal y dignidad humana, así como a la seguridad jurídica y a la legalidad.

Asunto:

A cinco años de la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un respetuoso, pero enérgico llamado a los sistemas penitenciarios federal y estatales a realizar actividades sustantivas que den cumplimiento a la misma, para garantizar el acceso a servicios básicos en reclusión y a una efectiva reinserción social a favor de las personas privadas de la libertad en nuestro país.

Asunto:

Sobre la falta de criterios homologados en los Centros Federales de Readaptación Social en la República Mexicana durante la pandemia del COVID-19, para salvaguardar el derecho al contacto con el exterior y a la vinculación social de las personas privadas de la libertad, lo que vulnera su derecho a la reinserción social y en su caso al debido proceso.

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Asunto:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta al sistema penitenciario para que, junto con las Secretarías de Salud federal y estatales, garanticen el acceso al Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 a las personas privadas de la libertad, particularmente a las mayores de edad y a quienes pertenecen a grupos de atención prioritaria.

Asunto:

Sobre el caso de incumplimiento en las funciones de los servidores públicos del centro de reinserción social varonil de Atlacholoaya y de la dirección general de centros penitenciarios, ambos del estado de Morelos, por obstaculizar la intervención de este organismo nacional para la vigilancia al respeto de los derechos humanos de la población interna, y por la falta de personal de seguridad y custodia, factor que limitó la actividad de esta Comisión Nacional, en específico del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, vulnerando el derecho humano a la reinserción social efectiva.

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Asunto:

Ante la desincorporación del Centro Federal de Reinserción Social, (CEFERESO) número 2 Occidente de Puente Grande, en Jalisco, del Sistema Penitenciario Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), solicitó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, que se reconozcan plenamente los derechos humanos de las personas privadas de su libertad que serán trasladadas a otros penales