Tras comprobar el deficiente cumplimiento de la Recomendación 177/2020, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), por parte del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, Veracruz, en la cual se exhorta al pleno cumplimiento de un laudo promovido por uno de sus extrabajadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 239/2024 al mencionado Ayuntamiento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 30/2023 al director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Ernesto Prieto Ortega; así como a las personas titulares de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle García, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, por el incumplimiento de un laudo laboral emitido en favor de tres personas extrabajadoras de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles a la secretaría de inclusión y bienestar social de la ciudad de México, en agravio de V, por el incumplimiento de un laudo firme del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 263/2022 al titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Ernesto Prieto Ortega, a la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Norma Rocío Nahle García, y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, por violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles personas servidoras públicas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, hoy INDEP, a la SHCP y a la SENER en agravio de una víctima por inejecución de un laudo firme de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA).
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles a la Universidad Autónoma de Chapingo, en agravio de V, por el incumplimiento de un laudo firme de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 205/2022 a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, por la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia en plazo razonable, cometidas en contra de una víctima que obtuvo sentencia favorable por parte de la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), emitida en agosto de 2017.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 175/2022 al director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, por el incumplimiento de un laudo firme dictado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles a servidores públicos del IPN.
Sobre el caso de Violación a los Derechos Humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, así como al acceso a la Justicia y al plazo razonable, en agravio de V, por el incumplimiento de un laudo firme dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Las autoridades responsables de la ejecución del laudo incurrieron en omisiones y dilaciones que vulneraron los derechos humanos de la víctima. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 47/2022 al titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México (SOBSE), Jesús Antonio Esteva Medina, por vulnerar los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al plazo razonable, derivado del incumplimiento de un laudo emitido por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), en favor de una persona que demandó y ganó la reinstalación en su puesto, así como el pago de salarios y otras prestaciones, mediante una sentencia emitida en enero del año 2016.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles al servicio de administración y enajenación de bienes de la secretaría de hacienda y crédito público, hoy instituto para devolver al pueblo lo robado, en agravio de QV, por la inejecución de un laudo firme de la junta federal de conciliación y arbitraje.
