La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que los Estados deben asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos necesarios para que los derechos humanos sean vigentes, ya que es una obligación que subsiste aún frente a recortes o ajustes presupuestales y sin menoscabo de las medidas que adopten para propiciar el mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos.

El Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que los linchamientos son un problema vigente en el país, que se debe atender y prevenir, enfatizando que los mismos son conductas ilícitas, que no constituyen una vía para alcanzar la verdad y la justicia, siendo un imperativo que los casos que se presenten se registren, investiguen debidamente y, con base en ello, se impongan las sanciones procedentes.

Los linchamientos son actos ilícitos, que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país, donde como consecuencia de la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades