La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 72VG/2022, por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica y a la integridad personal, cometidas en contra de una víctima, detenida injustificadamente y torturada en el año 2014, por elementos adscritos a la extinta Policía Federal Ministerial (PFM), que perteneció a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 69VG/2022 al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura cometidos en agravio de una víctima del sexo masculino, quien permanece privada de la libertad desde 1997, atribuibles a tres elementos de la extinta Policía Judicial Federal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México (CDMX).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 71VG/2022, por violaciones graves de derechos humanos, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, ante el uso ilegítimo de la fuerza que derivó en la pérdida de la vida de una persona y la detención arbitraria de tres más -dos de las cuales resultaron lesionadas- en hechos atribuibles a elementos militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura cometidos en agravio de V atribuibles a elementos de la extinta Policía Judicial de la entonces Procuraduría general de la República
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura y retención ilegal en agravio de V, por elementos de la Policía Federal Ministerial de la entonces Procuraduría General de la República, en Ecatepec, Estado de México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 70VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos, con motivo de la agresión cometida en contra de una pareja que se trasladaba por la carretera libre Zapotlanejo-Guadalajara, a bordo de una camioneta, y que fueron detenidos por tres elementos pertenecientes a la Guardia Nacional (GN), quienes, tras una persecución en la que accionaron sus armas, provocaron la muerte de la mujer que cursaba el segundo mes de gestación.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la seguridad jurídica e integridad personal, y al derecho a la vida, por uso ilegítimo de la fuerza, que resultó en privación de la vida de V1, lesiones en agravio de V2 y V3; así como violaciones a la seguridad jurídica y a la libertad, por detención arbitraria de V2, V3 y V4; acciones atribuidas a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sobre el caso de violaciones graves a derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, e interés superior de la niñez de V1 y V2, por uso ilegítimo y desproporcional de la fuerza, que resultó en privación de la vida de V1 y daño al proyecto de vida de V2, atribuibles a elementos de la Guardia Nacional, en Guadalajara, Jalisco
Dirigida a la comunidad de víctimas para contribuir con su testimonio al esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en las instalaciones de Tlaxcoaque, entre 1957 y 1989.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 68VG/2022 a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González; de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y de la Fiscalía General de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, a la seguridad jurídica y legalidad por la demora en la puesta a disposición, atribuible a personal de la Fiscalía estatal y a elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP); así como por violaciones a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura, atribuible a elementos de la SEDENA y de la entonces PGR; y tratos crueles, inhumanos o degradantes, atribuibles a elementos de la extinta PFP, en agravio de dos víctimas.
