Informe especial con motivo del incendio de una toma clandestina en ductos de distribución de hidrocarburos propiedad de Petróleos Mexicanos, ocurrida el 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan, Hidalgo
Ante el rechazo de distintos actores políticos, periodísticos y de la llamada “sociedad civil” respecto a que la CNDH proteja y defienda el derecho del pueblo de México a la democracia identificamos la existencia de un circuito de despolitización, que remite a una articulación de discursos cuya función es vaciar a la democracia de su contenido sustantivo respecto de lo público, alejar a la ciudadanía de sus derechos a la participación política, e impedir que ésta se informe con datos veraces y cuente con elementos para emitir sus propias opiniones.
El análisis de las condiciones de las estancias y estaciones migratorias y el acceso a derechos de las personas en ellas detenidas, no se puede hacer al margen de los contextos de las diversas movilidades del mundo y el país, ni renunciando a la memoria histórica. Las migraciones crecen en cantidad de personas, en diversidad de actores y en la complejidad de las causas. El Instituto Nacional de Migración (INM) y su modelo de estaciones migratorias nació en 1993, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, para ofrecer una política de securitización de las fronteras. Los tiempos han cambiado, y hoy ese modelo debe transformarse por uno que ponga a la persona y sus derechos humanos al centro.
Durante la actual gestión de nuestra Presidenta, Rosario Piedra Ibarra, se han refrendado a través de la labor comprometida de la Tercera Visitaduría General, las obligaciones de protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en nuestro país, colocándolas en el centro de nuestras actuaciones a partir de un enfoque de máxima protección de sus derechos, que a su vez, obligan a las autoridades penitenciarias a actuar con debida diligencia ante cualquier contexto o circunstancia que se observe puede colocarlas en una situación de riesgo o peligro, cuya protección, se ha invocado y extendido también hacia las personas que las visitan y hacia el personal que labora en los mismos.
En cumplimiento de sus objetivos yfunciones de protección ydefensa de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos procura al cercanía y acompañamiento a las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, especialmente cuando pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas afrodescendientes y afromexicanas privadas de la libertad; toda vez que estas comunidades enfrentan un contexto de desigualdad estructural y de discriminación, entre otros factores, por lo que se ven gravemente afectadas.
Ante esta situación, resulta imperativo implementar acciones afirmativas con una perspectiva intercultural para proteger sus derechos humanos, con el propósito de revertir esa realidad; en este contexto, la CNDH presenta el Informe sobre la situación de invisibilidad y falta de reconocimiento que enfrentan las personas afrodescendientes y afromexicanas privadas de la libertad, que busca identificar los factores sistémicos que afectan a dichos grupos poblacionales, con el objetivo de instar a la acción, desde la esfera de competencia de este organismo constitucional, promoviendo que el Estado mexicano reconozca en todos los ámbitos de poder y de gobierno, al importancia de los pueblos y comunidades afromexicanas y afrodescendientes.
El presente estudio tiene por objeto fundamental rendir un informe a la sociedad mexicana sobre el trabajo que el Programa Especial de Personas Desaparecidas (PERDES) de la CNDH ha realizado desde su creación y hasta la actualidad. Se trata de un compendio geoestadístico que retrata la evolución de las atenciones brindadas por esta dirección a las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada o cometida por particulares a lo largo de la historia del programa.
La madrugada del 25 de octubre de 2023 el huracán Otis tocó tierra en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, convirtiéndose en el fenómeno hidrometeorológico más potente en impactar la costa del Pacífico de México. Para la CNDH, las afectaciones naturales impactan con mayor profundidad la dinámica de los grupos vulnerables, particularmente de quienes enfrentan una situación socioeconómica precaria, quienes viven en zonas de alto riesgo o aquellas personas que tienen acceso limitado a condiciones materiales dignas.
En 2022, la CNDH a través de la Primera Visitaduría General, la Coordinación de Asesores de la Secretaría Ejecutiva, la Dirección General de Supervisión de la Progresividad y el Centro Nacional de Derechos Humanos “Rosario Ibarra de Piedra” (CENADEH), en conjunto con organizaciones de la sociedad civil e instituciones, llevó a cabo las Mesas de Diálogo “La gran conversación pendiente en México: Alienación parental y Violencia Vicaria”.
Acciones realizadas por los sistemas penitenciarios a nivel nacional en el marco del proceso electoral concurrente.
La seguridad pública es una función exclusiva del Estado mexicano, ejercida por la Federación, las entidades federativas y los municipios, conforme al artículo 21 de la CPEUM. Esta labor esencial tiene como objetivo principal garantizar una mayor calidad de vida y tranquilidad para la población. El Estado, como responsable de este servicio público, la ejecuta a través de diversas actividades y servicios realizados por sus instituciones facultados para preservar el Estado de Derecho y promover la convivencia pacífica
