Los Derechos Humanos son derechos inherentes que comparten todos los seres humanos y se encuentran establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como parte de los Derecho Humanos, se contemplan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Los términos niños de la calle, chavos de la calle, vagabundo, indigente, sin techo, persona en situación de calle, pordioseros y borrachos, son denominaciones que se reconocen a través de los medios de comunicación o de las charlas cotidianas, pero también en la confección de políticas públicas y en las propuestas de organizaciones de la sociedad civil. Dichos términos recaen sobre las personas que habitan las calles e inciden en la manera en la que son abordados, representados y en la forma en la que se experimentan a sí mismos. Es decir, las expresiones a través de las cuales describimos el mundo y a las personas no son neutrales, tienen un efecto sobre aquellos que son nombrados.
El papel de los Organismos Públicos de Derechos Humanos es clave para supervisar la implementación eficaz a nivel nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, educando al público en general y empoderando a las personas con discapacidad para estar conscientes de sus derechos, de forma que puedan ser actores activos en el cambio que la sociedad necesita. Pero también, más allá de la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, la supervisión y evaluación de las políticas públicas implementadas a favor de este importante sector de la población son un componente importante de esta labor.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizar una investigación académica, que culminara con la elaboración de un Informe Especial sobre la situación en materia de seguridad y Desaparición de Personas en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Esta investigación desarrolla el estado de la situación sobre las obligaciones de las empresas, la responsabilidad de los Estados y el rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para prevenir y proteger los derechos humanos mediante mecanismos y políticas eficaces, de forma que se constituya en un aporte para continuar el debate en la construcción de esta temática.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un órgano constitucional autónomo independiente de gobiernos, partidos, intereses políticos o de cualquier otra índole, cuya vocación y encomienda dentro del Estado mexicano consiste en proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos fundamentales, y el fundamento de toda su actuación se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
La tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes se encuentran universalmente proscritos a través de la ratificación casi universal de los diversos instrumentos internacionales que la prohíben. México ha contraído obligaciones al respecto en la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; en el sistema interamericano se encuentran, la Convención Interamericana contra la Tortura y la Convención de Belém do Pará. Igualmente, numerosos instrumentos regionales como la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención Europea contra la Tortura contienen normas similares. Además, de los comités responsables de monitorear el cumplimiento de algunos de estos tratados, ha surgido una gran gama de instrumentos interpretativos al respecto.
El presente estudio tiene como objetivo general hacer un diagnóstico especializado y con perspectiva de derechos y de género, sobre la situación del cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia generada por el crimen organizado en México, a través del uso de una metodología mixta que incluye técnicas de investigación jurídicas, cualitativas y cuantitativas con la finalidad de abordar las acciones que las autoridades han llevado a cabo para cumplir y proteger los derechos de esta población, determinar los rubros que requieren atención prioritaria del Estado y, proponer acciones de carácter integral y transversal tendentes a combatir y eliminar esta problemática, para coadyuvar con las personas tomadoras de decisiones en el diseño y la implementación de políticas, programas y planes encaminados a garantizar, de forma efectiva, el bienestar y desarrollo integral de las y los titulares de derechos.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta que busca la paz, erradicar la pobreza y propiciar el desarrollo de la humanidad. Por ello, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) han colocado en la agenda nacional e internacional esta perspectiva. Son 169 metas por cumplir, que abarcan las dimensiones económica, social y ambiental, así como la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y el empoderamiento de las mujeres.
En Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana
