La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 151/2022 al director general de la Comisión Federal de Electricidad-Distribución (CFE-Distribución), Guillermo Narváez Elizondo, tras comprobar violaciones a los derechos humanos a la vida y a una vivienda adecuada, como consecuencia de la indebida instalación de cableado eléctrico de media tensión, lo que provocó la muerte por descarga eléctrica de una persona, tras un contacto accidental con cables colocados a baja distancia en la azotea del inmueble ubicado en la colonia Privadas de la Torre, en el municipio de Saltillo, estado de Coahuila.
Por una vez más esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es objeto de la consabida campaña de desprestigio, a base de mentiras, que en el fondo no tiene otro propósito que el de desacreditar el proceso de transformación, la transparencia y el inequívoco compromiso con las víctimas de todo el país que caracterizan a su actual gestión.
El problema de fondo, más que las pensiones alimenticias, es la visión que se tiene de los derechos de la niñez, de la violencia familiar y de las relaciones entre madres y padres separados o divorciados, y más allá de esto de las relaciones entre hombres y mujeres. Es ahí donde legisladoras y legisladores, ministras y ministros de la Suprema Corte, y desde luego autoridades gubernamentales, deben abundar, entendiendo que EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA NO SE RESOLVERÁ CON MÁS VIOLENCIAS Y MENOS INCLINANDO LA BALANZA HACIA NINGUNO DE LOS EXTREMOS. Es decir, que no se trata de atizar el conflicto. Porque en este, como en otros muchos temas, se requiere de una visión de paz, integradora, incluyente. Nunca de exclusión o discriminación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consciente de los avances en las investigaciones desarrolladas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que derivaron en las acciones que están siendo implementadas por la Fiscalía General de la República (FGR), refrenda su solidaridad con las madres y padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, y con ella su compromiso de acompañarlos hasta asegurar el pleno acceso a la verdad y a la justicia que desde hace 8 años reclaman.
