El día de hoy, en las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la presidenta Rosario Piedra Ibarra y el secretario ejecutivo de este organismo, Francisco Estrada Correa, sostuvieron una reunión con integrantes de la Colectiva Lleca-Escuchando la Calle, A.C. en la cual manifestaron su preocupación por la dilación en el cumplimiento de la Recomendación 42/2024, emitida por este órgano protector el 29 de febrero de 2024.
Después de muchas décadas, finalmente estamos poniendo énfasis en acabar con la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que han lacerado y laceran a la sociedad mexicana, lo cual ha permitido generar avances en esta materia, señaló la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), maestra Rosario Piedra Ibarra.
Sobre el recurso de impugnación de RV por la no aceptación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del Gobierno del Estado de Chiapas a la Recomendación CEDH/08/2022-r, emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, vulnerando con ello sus derechos humanos al trato digno e integridad personal por actos de tortura, principio de legalidad y seguridad jurídica, derecho a la seguridad personal por detención arbitraria y derecho a la no autoincriminación, y con ello, su derecho humano de acceso a la tutela no jurisdiccional de protección a los derechos humanos.
Tras una investigación iniciada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH-Chiapas) se determinó que se cometieron violaciones a derechos fundamentales de la víctima, por lo que en septiembre de 2022 emitió una Recomendación a la Secretaría de Seguridad del Pueblo del Gobierno del Estado de Chiapas (Secretaría de Seguridad), misma que fue notificada pero no aceptada.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebra el esfuerzo, llevado a cabo por parte del gobierno federal y, en particular, por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer su iniciativa de reforma sobre la desaparición y búsqueda de personas e impulsar así una legislación que atiende realmente los reclamos y necesidades de los colectivos de buscadoras. La iniciativa fue enviada al Congreso desde el mes de marzo, pero ahora se ha vuelto a remitir a dicho cuerpo legislativo, con más de 570 propuestas surgidas de las mesas de diálogo con las víctimas a que convocó la Secretaría de Gobernación. Fruto de este esfuerzo, se ha logrado una propuesta sólida, construida con la participación de más de 450 colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes han compartido su conocimiento, experiencia y demandas para sentar las bases de una política pública con enfoque de derechos humanos, centrada en la verdad, la justicia y la prevención.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud materna, a una vida libre de violencia de tipo obstétrica y al acceso a la información en materia de salud en agravio de QV1, así como al proyecto de vida de QV1, VI1, VI3 y VI4, a la integridad personal de VI1 y VI2, en el Hospital General de Zona No. 1 con Medicina Familiar en La Paz, Baja California Sur, en la Unidad de Medicina Familiar No. 35 y en el Hospital General de Subzona No. 5, ambas ubicadas en la ciudad de Guerrero Negro, Baja California Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Errores en la evaluación y vigilancia obstétrica, desestimación de antecedentes clínicos, así como inadecuada atención a la preeclamsia e insuficiencia placentaria que experimentó una mujer con 35 semanas de gestación, atribuibles a médicos de tres centros hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California Sur, ocasionaron el fallecimiento del producto del embarazo, de acuerdo con una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Sobre el caso de violaciones graves a derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica por retención ilegal de QV1 y QV2, a la integridad personal, al trato digno por actos de tortura en agravio de QV1, así como al derecho a la familia, al sano desarrollo y al núcleo familiar en agravio de QV1, QV2, VI1, VI2 y VI3, por elementos de la entonces Policía Federal, en Coacalco de Berriozábal, Estado de México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 182VG/2025 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para garantizar una reparación integral a una familia afectada por violaciones graves a sus derechos humanos, ocurridas en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, y atribuibles a exintegrantes de la entonces Policía Federal (PF).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce la necesidad de que las entidades federativas adopten medidas legales que contribuyan a prevenir y sancionar la violencia digital. Sin embargo, manifiesta su preocupación por la reciente adhesión del artículo 480 al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicada este mes, tipificando de manera poco clara el delito de ciberasedio.
