Urge Investigar el asesinato en Guerrero, del defensor de derechos humanos Jesús Memije Martínez
Ante la declaratoria de la fase 3 de emergencia sanitaria respecto a la epidemia generada por COVID-19, la CNDH llama a las autoridades a implementar medidas urgentes y complementarias, y emprender acciones que protejan de manera amplia a los grupos en mayor condición de vulnerabilidad como es el caso de las personas con discapacidad. Preocupa al Organismo Nacional el derecho al acceso a una información oportuna y de calidad sobre las personas con discapacidad y su acceso desigual a los servicios de salud oportunos y de calidad. Escases de medidas para garantizar su educación a distancia; el desempleo que puedan enfrentar, la ausencia de datos sobre sus necesidades y la omisión legislativa y normativa en la materia.
La CNDH aportará de manera inmediata 100 millones de pesos, para ayudar en la atención de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, anunció su Presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra en un Mensaje video grabado, en que indicó que esa aportación es resultado de los ahorros del plan de austeridad y reorganización que inició este Organismo Nacional en el mes de enero.
La CNDH se congratula por la emisión del Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía y manifiesta su total adhesión a este decreto por tratarse de un asunto de trascendencia nacional y un acto humanitario y de justicia. Considera acertada la propuesta contenida en el Proyecto de Decreto de la Ley de Amnistía, como parte de una estrategia de política criminal centrada en la justicia y en la atención de las causas del delito, ya que pone énfasis en la vulnerabilidad de ciertos grupos de población frente al sistema de justicia, como lo son las mujeres, los jóvenes y las personas indígenas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la declaración de inconstitucionalidad, de las disposiciones publicadas mediante decretos 778 y 661, de las Legislaturas de los Estados de Guerrero y San Luis Potosí. En sesión virtual, celebrada el 20 de abril del año en curso, el máximo tribunal del país declaró procedentes las Acciones de Inconstitucionalidad 80/2017 y su acumulada 81/2017, promovidas por la CNDH y los Organismos Estatales de Derechos Humanos de esas entidades.
La Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, envió oficios a cada uno (a) de los (as) 31 (as) Gobernadores (as) de las entidades federativas, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, exhortándoles a atender el tema de la desaparición de personas de manera prioritaria y siempre en favor de las víctimas. Para este Organismo Nacional, tienen una responsabilidad fundamental de generar, en cualquier circunstancia, condiciones para la atención de los casos de desaparición de personas y violaciones graves a los derechos humanos, que datan muchos de ellos, desde los años sesenta del siglo pasado y hasta el contexto en que se presentan hoy en día.
En mensaje video grabado difundido este lunes en redes sociales, la Presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, convocó a mexicanas y mexicanos a cuidar su vida e integridad y las de los demás, porque son tareas de todas y todos. Dijo que vivimos tiempos de prueba, tiempos de cuidar nuestra libertad y la vigencia de los derechos humanos, tiempos de solidaridad y unión, pero sobre todo de fraternidad y humanismo, Exhortó a las autoridades federales y locales, a evitar medidas que contravengan las libertades y comprometan los derechos humanos, y que debemos estar vigilantes porque este momento no debe ser pretexto para ahondar las violaciones de derechos humanos o apurar decisiones de las que después podamos arrepentirnos.
La CNDH emitió el Pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor las personas privadas de la libertad en la República Mexicana, frente a la pandemia por COVID-19, e hizo un atento llamado a la aplicación de medidas urgentes de control y mitigación de riesgos en el Sistema Penitenciario Nacional. Entre otras, pide reforzar todas las acciones necesarias preventivas, urgentes e inmediatas, diferenciadas y con perspectiva de género, para garantizar prioritariamente el derecho a la salud y a la integridad personal y que se diseñe y ejecute un Programa Nacional de Despresurización Penitenciaria y se analicen, evalúen y determinen en el menor tiempo posible, los beneficios de preliberación establecidos en la ley.
La CNDH condena enérgicamente las agresiones, amenazas, campañas de desprestigio y criminalización que enfrentan los defensores Teodomira Rosales Sierra y Manuel Olivares Hernández, dirigentes del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, en el Estado de Guerrero. El Organismo Nacional urgió al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas su inmediata incorporación y protección.
