La CNDH exhortó al Consejo de Salubridad General a implementar medidas para garantizar los derechos humanos de todas las mexicanas y mexicanos y rechazar medidas discriminatorias, con motivo de la emergencia derivada de la pandemia originada por el coronavirus COVID-19. Este Organismo Nacional expresa su preocupación ante el documento denominado “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica”, elaborada por integrantes del Consejo de Salubridad General para la emergencia de COVID-19, la cual plantea cómo resolver casos extremos en los que no haya equipos suficientes de terapia intensiva.
La CNDH declaró categóricamente su compromiso en la prevención de violaciones y la defensa de los derechos humanos. Ante la emergencia que impone la pandemia por COVID-19 continúa trabajando como lo hace habitualmente, y aún con mayor énfasis y esfuerzo, realizando todas y cada una de las funciones y atribuciones que le mandata la ley. Frente a la contingencia y más allá de ella, cumple con todas y cada una de las funciones y atribuciones que le mandata la ley e informa que se procedió a la conclusión del Expediente de Queja CNDH/DGPV/267/2020, porque las presuntas violaciones a derechos humanos no fueron acreditadas.
La CNDH reiteró su preocupación por las personas en contexto de migración en estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM), ante las medidas de contingencia por la pandemia por COVID 19 tomadas por diversos países, entre ellas, el cierre de fronteras. Por ello llama de nueva cuenta a ese Instituto y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que gestionen la cooperación internacional que se requiera a fin de implementar mecanismos que faciliten la digna y sana repatriación de extranjeros varados en territorio mexicano y garanticen sus derechos.
Pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor de las personas privadas de la libertad en la República Mexicana, frente a la pandemia por COVID-19
La CNDH exhortó a las autoridades del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán (CPyRS), implementar protocolos para privilegiar y resguardar el orden y la tranquilidad al interior y exterior de sus instalaciones, tras los incidentes violentos suscitados el martes 14 de abril por las medidas adoptadas para el control sanitario por coronavirus COVID-19. El Organismo Nacional reprobó las manifestaciones violentas de familiares a las afueras del penal y de los internos a su interior, a raíz de que las autoridades activaron un protocolo de seguridad por riesgo de contagio, luego de que el pasado fin de semana se detectaron en ese penal, cuatro inrnos y un custodio que dieron positivo a coronavirus.
La CNDH da seguimiento y permanece en alerta ante el reporte de cinco casos de internos y un custodio, confirmados con COVID 19 en el Sistema Penitenciario Nacional. Cuatro de estas personas privadas de la libertad del Penal de Cuautitlán, Estado de México, serán trasladadas al penal de Neza Norte, habilitado especialmente para casos de COVID 19; un interno de Yucatán ya está aislado; el custodio confirmado fue remitido a su domicilio con medidas de cuidado. Este Organismo reiteró las medidas cautelares solicitadas el 14 de marzo para que el Sistema Penitenciario genere condiciones preventivas óptimas, adecuadas y suficientes para la protección de la salud de internos, visitantes y trabajadores.
La CNDH condenó el asesinato de los integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) del Estado de Oaxaca, Pablo Guzmán Solano y Esteban Martínez Pérez de 32 y 45 años de edad, respectivamente, quienes perdieron la vida por disparos de arma de fuego el pasado jueves 9 de abril, en la localidad de Barrio de Ojo de Agua del Municipio de Putla Villa de Guerrero, del Estado de Oaxaca. Hace un firme y respetuoso llamado a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno de Oaxaca para que atiendan a la brevedad la iniciativa del MULT para celebrar una Mesa de Justicia y Paz.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exhorta a los tres niveles de gobierno a proteger el derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, cuya mayoría se encuentran alejados de los centros urbanos del país, con escasa o nula cobertura de infraestructura médica y marginados de la información que los concientice sobre sus derechos, y los prevenga sobre las medidas de salud pública que se deben adoptar.
La CNDH lamenta profundamente y condena de forma enérgica, la decisión tomada por el Gobierno del Estado de Yucatán, respecto de la seguridad de la defensora de los derechos humanos Clemencia Adelaida Salas Salazar, de retirarle el servicio de escolta, pese a que ya contaba con las medidas de protección en esa entidad federativa. El Organismo Nacional solicitó la incorporación de la defensora Salas Salazar al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
La CNDH informa que en la Segunda Visitaduría General se registró el primer caso confirmado de Coronavirus. La trabajadora dejó de laborar desde el 24 de marzo y está siendo atendida en su casa. De acuerdo a los médicos no es un caso grave. La Presidenta del Organismo Nacional, María del Rosario Piedra Ibarra, está al pendiente de la situación y de lo que requiera ella y su familia. El día de mañana se sanitizará el área, para tranquilidad y seguridad de quienes ahí laboran durante las guardias.
