A lo largo del tiempo pero especialmente en los últimos años, se ha advertido que las personas en contexto de migración vienen enfrentando problemáticas causadas, principalmente, por la violencia, la pobreza y las condiciones naturales adversas, lo que les ha obligado a huir de sus países de origen en búsqueda de otros lugares en los que puedan tener una mejor vida, sobre todo con dignidad.
Única. Realizar un estudio, buscando apoyo en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para exponer profundamente las causas de la migración, centrándose en primer lugar en las que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, la violencia, la discriminación, la desposesión de territorio y cambio climático; así como con la falta de oportunidad laboral y desarrollo económico; y, en segundo lugar, en las relacionadas con el desplazamiento forzado interno, con especial referencia a la violencia, los desastres naturales y los cambios climáticos.
Invitar a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a que compartan y expongan la información que han generado sobre la magnitud y las tendencias de la migración extra continental en las Américas.
Reconocer la importancia de la cooperación para atender en el ámbito nacional de cada Estado los flujos de las personas migrantes venezolanas en la región.
La trata de personas es un delito que, sin importar fronteras, nacionalidades, ni condición económica, interrumpe el libre desarrollo de mujeres, hombres y personas menores de edad, atenta contra la dignidad de los seres humanos y pone en riesgo millones de vidas cada año. Se nutre de la falta de visibilidad, de la indiferencia y de la tolerancia a prácticas que se han normalizado socialmente.
1. Estudiar los trabajos preparatorios que se llevaron a cabo para consolidar los Principios de París, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, con los que se reconoció el estatuto de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en el Sistema Universal.
La Red sobre Migrantes y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), a partir de la experiencia reseñada, considera necesario la implementación estándares mínimos para la atención a contingentes masivos de personas en contexto de movilidad que garanticen el pleno acceso a sus derechos humanos, a través de las cuales se amplie y mejore la coordinación interinstitucional existente y se fomente la colaboración entre actores clave en el proceso de atención, tanto a nivel interno como entre los países cuyos nacionales formen parte de los contingentes.
En relación con el Objetivo 2.c, acerca de establecer o reforzar mecanismos para vigilar y anticipar la evolución de los riesgos y amenazas que puedan desencadenar movimientos migratorios o influir en ellos, fortalecer los sistemas de alerta temprana, preparar procedimientos y herramientas para emergencias, iniciar operaciones de emergencia y respaldar la recuperación posterior, brindando estrecha cooperación y apoyo a otros Estados, las autoridades nacionales y locales competentes, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil; se propone:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 81/2019 al Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y al Ayuntamiento de Jiutepec por el insuficiente cumplimiento de una Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad por la Comisión Estatal de Seguridad Pública y porque el Presidente del municipio mencionado no la aceptó, así como al Ombudsperson Estatal, Raúl Israel Hernández Cruz, por las irregularidades detectadas en la integración del expediente de queja sobre el cierre e instalación de controles de acceso a un fraccionamiento por una asociación de colonos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 75/2019 al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, por violaciones a los derechos humanos a la posesión, legalidad y seguridad jurídica, en agravio de 41 indígenas tzeltales y dos personas mayores posesionarias de terrenos nacionales en el estado de Chiapas, cuya regularización, enajenación y titulación no se ha realizado con debida diligencia en el procedimiento y plazo razonable, atribuible a personal de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), actualmente SEDATU.
