En enero y febrero de 2018, el MNPT efectuó seis visitas de supervisión a centros de reinserción social de Baja California con el objetivo de para examinar el trato, las condiciones y necesidades de las personas privadas de su libertad, a fin de realizar las acciones preventivas necesarias contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se identificaron factores de riesgo sobre maltrato por parte de las autoridades penitenciarias, condiciones de aislamiento y el insuficiente suministro de alimentación a las personas privadas de la libertad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que los Estados deben asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos necesarios para que los derechos humanos sean vigentes, ya que es una obligación que subsiste aún frente a recortes o ajustes presupuestales y sin menoscabo de las medidas que adopten para propiciar el mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos.