Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida en agravio de QV, quien falleció a causa de una inoportuna e inadecuada atención médica en el ahora Centro Federal de Reinserción Social no. 14 “CPS Durango”, y de las omisiones cometidas en la integración de su expediente clínico, así como a la integridad psicoemocional de QVI y VI por el deceso de la víctima directa.
La falta de atención médica oportuna por personal del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 14 “CPS Durango” ocasionó que una persona privada de la libertad (PPL) falleciera víctima de cáncer, ante lo cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 155/2025 al Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS).
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), maestra Rosario Piedra Ibarra, llamó a reconocer las necesidades particulares de las personas mayores en reclusión y asegurarles atención especializada y condiciones dignas de estancia, durante la presentación del Pronunciamiento sobre el deber del estado de garantizar los derechos humanos de las personas mayores privadas de la libertad y la adopción de medidas preventivas frente al envejecimiento de la población penitenciaria.
Del 21 al 25 de octubre de 2025 se realizaron visitas de supervisión a 30 lugares de privación de la libertad para el cumplimiento de faltas administrativas en el estado de Zacatecas. En el informe se expone la necesidad de fortalecer la implementación de salvaguardias que prevengan la exposición de personas privadas de la libertad a cualquier tipo de maltrato en sede administrativa municipal; resaltando la necesidad de implementar un modelo de justicia cívica con enfoque restaurativo que facilite y mejore la convivencia en una comunidad; así como evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
Los hallazgos obtenidos de las visitas dan cuenta de la diversidad de realidades y contextos administrativos que existen al interior de cada entidad federativa; identificándose que, a partir de sus recursos disponibles cada municipio ha desarrollado estrategias para procurar la implementación de salvaguardias que previenen cualquier acto de maltrato que pudiera ser valorado como tortura.
Es así que, el informe impulsa el desarrollo de políticas públicas transversales que permitan fortalecer los recursos tecnológicos, financieros, humanos y materiales con los que cuentan las autoridades municipales para la impartición de la justicia cívica, promoviendo su aplicación progresiva y con base a los contextos y circunstancias particulares de cada localidad.
Finalmente, se destaca la necesidad de la aprobación e implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica.
En el mes de diciembre de 2025 se recibió en esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un proveído, dictado en el Toca Penal 10/2022, suscrito por la Secretaria del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual nos hizo del conocimiento:
