La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación de medidas cautelares al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Guardia Nacional (GN), a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF); a las secretarías General de Gobierno, de Salud, de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Chiapas, así como a la Presidencia Municipal de Tapachula, ante la inminente organización y salida en caravana de personas en contexto de migración que se encuentran en dicha entidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación de medidas cautelares a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y al presidente municipal de Amatlán de los Reyes, a fin de salvaguardar los derechos de las personas en contexto de migración internacional que transitan por esa entidad federativa y brindar seguridad a las personas que colaboran con el grupo de ayuda humanitaria “Las Patronas”, toda vez que se ha registrado un aumento en los niveles de inseguridad y delitos cometidos en la zona, obstaculizando la labor humanitaria y de defensa de derechos humanos, pues en caso de no proporcionarles protección, tanto en las instalaciones como en los alrededores de ese centro humanitario, podrían suscitarse actos que pongan en riesgo su vida e integridad personal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 97/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al fiscal general de justicia de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por violaciones al derecho humano a la vida y al interés superior de la niñez en agravio de una víctima menor de edad, atribuible a elementos de la Guardia Nacional (GN), y por violaciones al acceso a la justicia, atribuibles a la Fiscalía General del Estado en perjuicio de cinco personas, víctimas directas e indirectas, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca.
La víctima fue golpeada y torturada por elementos de las dos corporaciones; un médico adscrito a la SSP-QROO omitió describir las lesiones de la persona. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 33/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo (SSP-QROO), Lucio Hernández Gutiérrez, por violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica por retención ilegal, a la integridad personal, y al trato digno por actos de tortura en agravio de una persona, atribuibles a elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la SSP-QROO, en Cancún, Quintana Roo.
Sobre el caso de violaciones graves a derechos humanos a la seguridad jurídica e integridad personal, por uso ilegítimo de la fuerza, que resultó en lesiones a V1 y en la privación de la vida de V2, acciones atribuibles a elementos de la Guardia Nacional, en Delicias, Chihuahua.
Sobre el caso de violación a derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica por retención ilegal, a la integridad personal, al trato digno por actos de tortura en agravio de V, por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al comandante de la Guardia Nacional (GN), y a autoridades estatales y municipales de San Luis Potosí, implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida, seguridad física e integridad personal de las defensoras de derechos humanos, María del Rosario Torres Mata, Janeth del Rosario Tolentino Torres y Velia del Carmen Torres Castillo, quienes fueron víctimas de amenazas de muerte y secuestro, presuntamente, por parte de integrantes del crimen organizado.
Ante las recientes amenazas de que fue objeto el periodista Jorge Morales Borbón a través de redes sociales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitó la implementación de medidas cautelares a la Guardia Nacional y al gobernador de Sonora, así como al secretario de Gobierno, a la secretaria de Seguridad Pública, a la fiscal general de Justicia de esta entidad federativa y al presidente municipal de Hermosillo, Sonora, a fin de salvaguardar su vida, seguridad física e integridad personal y la de su familia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación de medidas cautelares para evitar que los hechos ocurridos en las instalaciones de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara (UdeG), el pasado 28 de diciembre, queden impunes.
