La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 75 VG/2022 al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Antonio Hazael Ruiz Ortega, y al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, por violaciones graves a los derechos humanos, al trato digno, a la integridad y seguridad personal por tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como tortura, a la inserción social, la seguridad jurídica y la legalidad, en correlación al derecho al acceso a la justicia y a la verdad, y el derecho a la información de sus familiares, en agravio de 672 personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 (CEFERESO 14) en Gómez Palacio, Durango, atribuibles a personal de ambas dependencias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 74VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad personal por detención arbitraria, a la libertad sexual por realizar actos de esa naturaleza en una persona sin su consentimiento, así como a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura en agravio de dos personas, atribuibles a elementos de la Guardia Nacional (GN); así como al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, por violaciones a la seguridad jurídica en su modalidad de procuración de justicia, por negligencia en actos de investigación, en agravio de las dos víctimas, atribuible a personas servidoras públicas adscritas a dicha fiscalía.
Es necesario avanzar en la realización de actividades de sensibilización y educación entre la sociedad para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, además de luchar contra la discriminación que padece este sector de la población; así como impulsar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aseguró la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Maestra Rosario Piedra Ibarra.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la libertad personal por detención arbitraria, a la libertad sexual por realizar actos de esa naturaleza en una persona sin su consentimiento y a la integridad personal, así como al trato digno, por actos de tortura en agravio de V1 y V2, por elementos de la Guardia Nacional; además violaciones a la seguridad jurídica en su modalidad de procuración de justicia por practicar de manera negligente actos de investigación en agravio de V1 y V2, por personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal por tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de tortura, a la reinserción social en el marco de sus 5 ejes rectores, seguridad jurídica y a la legalidad en correlación al derecho al acceso a la justicia y la verdad, en agravio de V1 a V672, personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social en Gómez Palacio, Durango; y del derecho a la información a sus familiares.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al Instituto Nacional de Migración (INM), Guardia Nacional (GN), al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como a las Secretarías de Gobierno, de Salud, de Seguridad Pública, a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Presidencia Municipal de Reynosa, todas las anteriores del estado de Tamaulipas, por las condiciones precarias en la que se encuentran personas en contexto de movilidad en albergues y puntos fronterizos en ese estado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un acuerdo de radicación de oficio con motivo de las presuntas agresiones que elementos de la Policía Municipal de Córdoba, Fuerza Civil de Veracruz y Guardia Nacional habrían cometido en contra de personas en contexto de migración internacional en la carretera estatal Córdoba-Amatlán, en las que, incluso, trasciende el uso de armas de fuego.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 70VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos, con motivo de la agresión cometida en contra de una pareja que se trasladaba por la carretera libre Zapotlanejo-Guadalajara, a bordo de una camioneta, y que fueron detenidos por tres elementos pertenecientes a la Guardia Nacional (GN), quienes, tras una persecución en la que accionaron sus armas, provocaron la muerte de la mujer que cursaba el segundo mes de gestación.
Sobre el caso de violaciones graves a derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, e interés superior de la niñez de V1 y V2, por uso ilegítimo y desproporcional de la fuerza, que resultó en privación de la vida de V1 y daño al proyecto de vida de V2, atribuibles a elementos de la Guardia Nacional, en Guadalajara, Jalisco
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 176/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yánez, por violaciones a la seguridad jurídica, a la integridad personal y al trato digno en agravio de 22 personas en condición de migración internacional, alojadas en la Estación Migratoria (EM) Siglo XXI en la ciudad de Tapachula, Chiapas, quienes fueron agredidas con toletes, bastones eléctricos y gases lacrimógenos por elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Servicio de Protección Federal (SPF) con la anuencia del personal del INM.
