Ante las recientes amenazas de que fue objeto el periodista Jorge Morales Borbón a través de redes sociales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitó la implementación de medidas cautelares a la Guardia Nacional y al gobernador de Sonora, así como al secretario de Gobierno, a la secretaria de Seguridad Pública, a la fiscal general de Justicia de esta entidad federativa y al presidente municipal de Hermosillo, Sonora, a fin de salvaguardar su vida, seguridad física e integridad personal y la de su familia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación de medidas cautelares para evitar que los hechos ocurridos en las instalaciones de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara (UdeG), el pasado 28 de diciembre, queden impunes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), recibió la queja presentada por el periodista Ricardo Ravelo Galo, en la que refiere que, derivado de las publicaciones de su columna de opinión, en relación a nexos del crimen organizado con el gobierno de Jalisco, ha sido intimidado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez; denunciando “si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable”.
Tras los hechos de violencia suscitados en el municipio de Oxchuc, en el estado de Chiapas, durante la celebración de elecciones para la conformación de su Ayuntamiento, y con el propósito de salvaguardar la seguridad, vida, libertad e integridad física de sus habitantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación y ampliación de medidas cautelares al gobernador del estado de Chiapas, a las titulares de la Secretaría General de Gobierno y de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, así como al fiscal general del estado y al comandante de la Guardia Nacional.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 92/2021 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por el uso de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) de manera ilegítima y desproporcionada en contra de un vehículo que transportaba a personas migrantes en Jalapa, Tabasco, situación que derivó en la muerte de una persona y heridas físicas en otra.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Guardia Nacional y a diversas autoridades del estado de Sonora implementar medidas cautelares para proteger la vida de Francisca Leticia Álvarez Rivera, integrante del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, quien fue secuestrada por 17 horas el pasado 30 de octubre, torturada física y psicológicamente en Hermosillo, por sujetos armados que ingresaron a su domicilio, hecho que estaría relacionado con la labor de defensa y activismo que realiza como integrante de la mencionada organización.
Ante las condiciones en las que se lleva a cabo la llamada caravana migrante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un atento llamado al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional, a fin de que se atiendan las medidas cautelares solicitadas por este organismo público para que, en caso de realizar acciones de verificación migratoria, estas se practiquen en el marco del respeto a los derechos humanos, tomando en consideración la presencia de grupos vulnerables.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación, a partir de un escrito de queja emitido por la organización civil Pueblos Unidos Migrantes, en el que denunciaron que, durante el tránsito de la caravana de personas en contexto de migración que se desarrolla en el estado de Chiapas, elementos de la Guardia Nacional (GN) agredieron con armas de fuego a un grupo de personas extranjeras, provocando el fallecimiento de una persona de origen cubano e hiriendo a 4 personas extranjeras más. Durante los hechos, ocurridos en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, también resultaron heridas 4 personas de origen extranjero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) da seguimiento y atención al caso de la agresión que sufrió una pareja haitiana que viajaba acompañada de su hija, menor de edad, todos ellos solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiados, llevada a cabo por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y a la vista de la Guardia Nacional, en Comalapa, Chiapas.
