La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), recibió la queja presentada por el periodista Ricardo Ravelo Galo, en la que refiere que, derivado de las publicaciones de su columna de opinión, en relación a nexos del crimen organizado con el gobierno de Jalisco, ha sido intimidado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez; denunciando “si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable”.
Tras los hechos de violencia suscitados en el municipio de Oxchuc, en el estado de Chiapas, durante la celebración de elecciones para la conformación de su Ayuntamiento, y con el propósito de salvaguardar la seguridad, vida, libertad e integridad física de sus habitantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación y ampliación de medidas cautelares al gobernador del estado de Chiapas, a las titulares de la Secretaría General de Gobierno y de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, así como al fiscal general del estado y al comandante de la Guardia Nacional.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 92/2021 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por el uso de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) de manera ilegítima y desproporcionada en contra de un vehículo que transportaba a personas migrantes en Jalapa, Tabasco, situación que derivó en la muerte de una persona y heridas físicas en otra.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Guardia Nacional y a diversas autoridades del estado de Sonora implementar medidas cautelares para proteger la vida de Francisca Leticia Álvarez Rivera, integrante del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, quien fue secuestrada por 17 horas el pasado 30 de octubre, torturada física y psicológicamente en Hermosillo, por sujetos armados que ingresaron a su domicilio, hecho que estaría relacionado con la labor de defensa y activismo que realiza como integrante de la mencionada organización.
Ante las condiciones en las que se lleva a cabo la llamada caravana migrante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un atento llamado al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional, a fin de que se atiendan las medidas cautelares solicitadas por este organismo público para que, en caso de realizar acciones de verificación migratoria, estas se practiquen en el marco del respeto a los derechos humanos, tomando en consideración la presencia de grupos vulnerables.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diversas autoridades de los estados de Baja California, San Luis Potosí, Sonora y a la Guardia Nacional, en favor de ocho personas defensoras civiles de derechos humanos que, en actos independientes, solicitaron la intervención de esta Comisión Nacional, a través de tres escritos de queja en los que mencionaron hechos de violencia y amenazas en contra de varios de ellos, relacionadas con su labor en pro de los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación, a partir de un escrito de queja emitido por la organización civil Pueblos Unidos Migrantes, en el que denunciaron que, durante el tránsito de la caravana de personas en contexto de migración que se desarrolla en el estado de Chiapas, elementos de la Guardia Nacional (GN) agredieron con armas de fuego a un grupo de personas extranjeras, provocando el fallecimiento de una persona de origen cubano e hiriendo a 4 personas extranjeras más. Durante los hechos, ocurridos en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, también resultaron heridas 4 personas de origen extranjero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) da seguimiento y atención al caso de la agresión que sufrió una pareja haitiana que viajaba acompañada de su hija, menor de edad, todos ellos solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiados, llevada a cabo por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y a la vista de la Guardia Nacional, en Comalapa, Chiapas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares la gobernadora del estado de Sonora, al comandante de la Guardia Nacional, al Fiscal General del estado, así como al secretario de Seguridad Pública, al Secretario de Gobierno de la entidad y al presidente municipal de Cajeme, a fin de salvaguardar la vida y seguridad de los defensores de derechos humanos César Cota Tórtola y Fernando Jiménez Gutiérrez, indígenas yoremes del Pueblo de la Loma de Guamuchil-Cocorit, de la tribu Yaqui, quienes presuntamente han recibido amenazas por parte del crimen organizado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a diversas autoridades del estado de Sonora la implementación de medidas cautelares para que se salvaguarde la vida, seguridad personal e integridad física y emocional de las y los integrantes del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, de su líder Ceci Patricia Flores Armenta, y de familiares de la defensora finada Gladys Aranza Ramos Gurrola, así como para que se busque y localice al señor Bryan Omar Celaya Alvarado, esposo de esta última.
