La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 181VG/2025 a la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cometidos hace casi 20 años, con los cuales se vulneraron gravemente los derechos humanos de tres personas, ante lo cual esta dependencia deberá reparar inmediatamente el daño causado y gestionar atención médica y psicológica en su favor.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la libertad e integridad personal y al trato digno por actos de tortura, por parte de personal de la Fiscalía General de la República en agravio de V1 y V2; a la libertad e integridad personal y al trato digno por falta de protección judicial por parte de personal de la Fiscalía General de la República en agravio de V3; al derecho de circulación y residencia por parte de personal de la Fiscalía General de la República, en agravio de V3; así como, al debido proceso y acceso a la justicia, por parte de personal de la Fiscalía General de la República en agravio de V1, V2 y V3.
Luego de acreditar que una persona fue detenida en un tramo de la carretera México-Tulancingo y sometida a actos de tortura por parte de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 152VG/2024, por violaciones graves a derechos humanos, solicitando que ambas dependencias reparen integralmente el daño causado a la víctima.
En su Recomendación 135VG/2023, emitida por violaciones graves de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (SSPE) reparar integralmente el daño causado a una víctima de tortura y a seis personas más que fueron objeto de agravios por uso excesivo de la fuerza en abril de 2021, en esa entidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atendió el caso de una mujer que, desde el año 2009, permanece privada de su libertad en el país y ha sufrido diversos actos de tortura, tras ser acusada, junto con otras personas, de participar en un caso de secuestro y homicidio. Tras realizar una exhaustiva investigación, esta Comisión Nacional acreditó violaciones graves a sus derechos humanos y, en consecuencia, emitió la Recomendación 127VG/2023 a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y libertad personal, cometidas en agravio de veintidós personas en contexto de migración internacional.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal por actos de tortura, a la seguridad jurídica por retención ilegal en agravio de V1; al trato digno por ejercer violencia desproporcionada durante la detención de V2, V3 y V4, atribuibles a personas servidoras públicas de la entonces Policía Federal; así como a la seguridad jurídica de V1, V2, V3 y V4, por personal de la entonces Procuraduría General de la República y del Centro Federal de Readaptación Social No. 12, en Guanajuato.
Sobre el caso de violaciones a la integridad personal y al trato digno por tratos degradantes, así como a la libertad personal y seguridad jurídica por detención y retención ilegal en agravio de V, por elementos de la entonces Procuraduría General de la República.
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura en agravio de V1 y V2, por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la entonces Procuraduría General de la República en Ciudad del Carmen, Campeche.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 102/2022 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, por actos de tortura infligidos a una persona; así como al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y al de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), Daniel Rocha Romo, por no investigar adecuadamente el caso.
