La CNDH dirigió la Recomendación por Violaciones Graves 38VG/2020 al Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), General Luis Cresencio Sandoval González, al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y al titular de la Fiscalía General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, por la transgresión de los derechos a la libertad, integridad, seguridad personal y seguridad jurídica, y al acceso a la justicia, de tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, por la detención arbitraria, la retención ilegal y actos de tortura, así como por la violencia sexual y la violación al principio del interés superior de la niñez, en perjuicio del menor, y porque se violentó el derecho a la vida por la ejecución arbitraria de uno de ellos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta respetuosamente a las personas Titulares de la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas a investigar las agresiones, homicidios y feminicidios en razón de orientación sexual e identidad de género con la debida diligencia, transparencia, en apego a la técnica jurídica, y la evidencia jurídica necesarias.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la integridad personal y dignidad por actos de tortura, de seguridad jurídica y legalidad por inviolabilidad del domicilio, en agravio de V1, atribuible a personas servidoras públicas de la entonces Policía Federal, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, en agravio de V1, V2 y sus familiares, imputable a personas servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 13/2020, al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por actos de tortura en agravio de una persona del sexo masculino, así como al Fiscal General de la República, por la omisión de iniciar la investigación respectiva.
El reconocimiento del feminicidio como delito en la normatividad nacional y, en específico en el Código Penal Federal, ha sido un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las mujeres en México.
