En el Informe Ernestina Ascencio Rosario, Recomendación 34/2007: Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), analiza las acciones y omisiones realizadas por dependencias y organismos que intervinieron en la investigación de los hechos relacionados con el caso de la señora Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares la gobernadora del estado de Sonora, al comandante de la Guardia Nacional, al Fiscal General del estado, así como al secretario de Seguridad Pública, al Secretario de Gobierno de la entidad y al presidente municipal de Cajeme, a fin de salvaguardar la vida y seguridad de los defensores de derechos humanos César Cota Tórtola y Fernando Jiménez Gutiérrez, indígenas yoremes del Pueblo de la Loma de Guamuchil-Cocorit, de la tribu Yaqui, quienes presuntamente han recibido amenazas por parte del crimen organizado.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, intimidad y vida privada, así como a una vida libre de violencia, en agravio de V, mujer indígena, atribuible a personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- bienestar en San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena de manera enérgica el asesinato del tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena de Tarecuato, Michoacán, Juan Govea Solares, y llama a las autoridades de la entidad a realizar los protocolos de investigación con prontitud, imparcialidad y eficacia.
En el marco del 45 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante dicho organismo, una Declaración escrita sobre la protección de los Defensores Indígenas de Derechos Humanos en México, con motivo del desarrollo del Panel Anual sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La CNDH hace un respetuoso llamado a las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en sus decisiones sobre la constitucionalidad de diversas porciones normativas de la Ley Minera, salvaguarden la posesión de las tierras, territorios y recursos de las comunidades indígenas Maseuales de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, del Estado de Puebla, por encima del otorgamiento de títulos de concesión. Hace este pronunciamiento en víspera de que el Máximo Tribunal de Justicia en el país resuelva sobre la constitucionalidad de algunas partes de la Ley Minera, con relación a los derechos territoriales que les son propios a esas comunidades.
La CNDH solicitó al Gobierno del Estado de Chiapas la implementación de medidas cautelares tendentes a garantizar condiciones necesarias para la protección de los derechos a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades y cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas; pide implemente de manera inmediata y en coordinación con las autoridades que considere pertinente atención a la problemática a través de mesas de dialogo, para generar mecanismos de solución duraderos que pacifiquen esa región.
El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervenir para que todos los grupos Triquis instalen mesas de diálogo relacionadas con la justicia, el desarrollo social, cultural, económico y humano, ante la miseria y hambre que viven en sus lugares de origen, dado el despojo de los recursos naturales que están en sus bienes comunales por autoridades y empresas que buscan enriquecerse a costa del pueblo y se niegan a construir un Acuerdo de Paz y Concordia en la región.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió dos Informes de Seguimiento a los gobiernos de Baja California y Puebla por irregularidades en Ceresos que representan riesgos de maltrato y tortura para las personas internas / La CNDH dirige la Recomendación 72/2019 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por no garantizar a personas mayores beneficios de ley en tarifas en el transporte aéreo y a la PROFECO por no intervenir de manera preventiva / La CNDH emitió la Recomendación 75/2019 a la SEDATU por omisiones y deficiencias para regularizar, enajenar y expedir títulos de propiedad en agravio de 43 personas indígenas tzeltales, quienes realizaron pagos e iniciaron gestiones hace más de 20 años.
