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Asunto:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo conocimiento de las modificaciones realizadas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 1 de julio. En tal virtud, se encuentra estudiando minuciosamente y analizando a la luz del texto constitucional el contenido de las mismas, para dilucidar si pudiesen incumplir con los mandatos constitucionales en materia de derechos humanos, esto es, si pudieran conculcar derechos humanos y libertades reconocidos en el bloque de constitucionalidad.

Asunto:

En días pasados, se han manifestado algunas personas, incluso entre ellas algún legislador, declarando entre otras cuestiones, al referirse sobre el pronunciamiento de esta Comisión Nacional, en el sentido de que se encuentra limitada legalmente para interponer acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, que quien interpreta la Constitución es la Corte, no la CNDH, y que no es esta tarea de la CNDH.

Asunto:

Es fundamental que instituciones como la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se involucren en esta tarea para monitorear el cumplimiento del mandato constitucional en materia de derechos al que está obligado dicho Congreso Local

Asunto:

El 29 de junio de 2020, el Diputado Gerardo López Montes, integrante de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, presentó una iniciativa que reforma el artículo 289-Bis y que deroga la fracción X del artículo 293 y los artículos 307-Bis y 307-Ter del Código Penal para el Estado de Baja California, con lo que se busca eliminar la figura de tortura de dicho instrumento jurídico.

Asunto:
El día de ayer, 01 de julio de 2020, diversos medios de comunicación han informado sobre el asesinato de 24 personas y lesiones a 7 más, en un centro de atención de adicciones en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Este hecho se suma al reportado el pasado 6 de junio, cuando se comunicó sobre el ataque al centro de atención de adicciones “Empezando nueva vida”, ubicado en el mismo municipio de Irapuato, en donde 10 personas fueron asesinadas por un grupo de personas armadas. Asimismo, se ha informado sobre el incendio de otro centro de adicciones, el 8 de febrero, y del secuestro de 23 personas, el 5 de diciembre del 2019, en otro centro de la misma entidad federativa.
Asunto:

El pasado 29 de junio, Guadalupe Martínez Aguilar, rectora de la Universidad de Valladolid, fue asesinada, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Al respecto, preocupan a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el agravamiento de la violencia en distintos territorios del país, la agudización de la violencia feminicida, así como la falta de mecanismos para prevenir y evitar este tipo de eventos.

Asunto:

La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Maestra Rosario Piedra Ibarra, hizo del conocimiento de la opinión pública que el pasado 8 de junio del presente año fue víctima de una serie de ataques y amenazas proferidas a través de llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales y de texto.

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Asunto:

El diez de junio del año en curso, pobladores de la comunidad de Guadalupe Tepeyac, perteneciente al Municipio de las Margaritas, Chiapas, retuvieron durante varias horas al Director del Hospital Rural IMSS-BIENESTAR del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la citada localidad; a quien señalaron como responsable del fallecimiento de un paciente, circunstancia que tuvo como consecuencia que se suspendieran los servicios médicos que brindan a los Municipios de la Trinitaria, Ocosingo, Altamirano y las Margaritas, Chiapas.

Asunto:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el que se da cuenta de los resultados obtenidos tras el seguimiento puntual de las condiciones que prevalecen y viven las personas privadas de la libertad ante la pandemia COVID-19, recopilando en dicho instrumento, los resultados obtenidos y, derivado de éstos, se formularon peticiones específicas dirigidas a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, a nivel nacional y estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que conforme a los principios de trato humano, oportunidad y debida diligencia sean atendidas.