Día Internacional de la Trabajadora Sexual

El Día Internacional de la Trabajadora Sexual conmemora la protesta del 2 de junio de 1975, en la que más de 150 trabajadoras sexuales ocuparon la Iglesia de Saint-Nizier de Lyon, Francia, para denunciar sus condiciones precarias de trabajo y las represalias continuas que sufrían por parte de la policía. Esta efeméride busca no solo erradicar la discriminación que siguen sufriendo quienes se dedican al trabajo sexual, sino pugnar por que éste pueda ejercerse de forma segura y en condiciones laborales dignas .[1]

Para hablar sobre trabajo sexual debemos primero distinguirlo claramente de la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, la cual es una grave violación a los derechos humanos. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, define la trata como “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”. Por otro lado, el trabajo sexual se refiere a las actividades y servicios sexuales o eróticos que una persona ofrece voluntariamente a cambio de una remuneración. La diferencia fundamental radica en la autonomía de quien está ejerciendo el trabajo. Tomando esto en cuenta, es importante resaltar que tanto la criminalización como la estigmatización del trabajo sexual, en conjunto con las condiciones sociales de vulnerabilidad de la mayoría de las personas que la ejercen, impiden que las personas trabajadoras sexuales puedan hacer valer sus derechos humanos y laborales. [2]

En México, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez", una organización civil integrada por trabajadoras sexuales y otras mujeres solidarias, inició su labor en 1993, especializándose en la defensa de los derechos humanos, civiles y laborales de las trabajadoras sexuales, así como en la prevención del VIH y demás infecciones de transmisión sexual. La organización se rige por una “asamblea general” integrada en su mayoría por trabajadoras sexuales, que desde 1997 se han agrupado bajo el nombre de Red Mexicana de Trabajo Sexual (RMTS).

Elvira Madrid Romero, una de las fundadoras de la Brigada Callejera, ha denunciado que a pesar de ser considerado “el oficio más antiguo”, el trabajo sexual no cuenta con el reconocimiento jurídico que otras profesiones y oficios han adquirido en nuestra sociedad, sosteniendo que dicho reconocimiento no se logrará si las personas que ejercen este trabajo no lo exigen. Por ello, las personas trabajadoras sexuales se encuentran luchando por varios derechos laborales, por ejemplo: [3]

• Ser contempladas como prestadoras de servicios bajo la Ley Federal del Trabajo.
• Acceder a la seguridad social como trabajadores no asalariados.
• Constituir sindicatos que sean reconocidos por la Secretaría del Trabajo o las empresas donde laboran.
• Hacer huelga a sus patrones y o empresas.
• Conformar cooperativas.

El 22 de julio de 2021, la RMTS llevó a cabo de manera virtual su vigesimocuarto Encuentro Nacional, en el cual participaron compañeras y compañeros de los 27 estados que integran la Red. Este encuentro tuvo como tema principal el impacto de la pandemia, que ha agravado los conflictos que persisten en el comercio sexual callejero: la inseguridad, las extorsiones policiacas, judiciales y de los hoteleros, y la aplicación de una regulación sanitaria unilateral —que examina a trabajadoras sexuales, pero a no a sus clientes—, considerada inoperante y discriminatoria por profesionales de la salud. Elvira Madrid inició la reunión señalando: “Algo que nos ha enseñado el covid es que no nos vamos a callar, y nos vamos a hacer más fuertes”.

Si bien en varias entidades federativas persiste el carácter criminalizador del trabajo sexual, se están logrando avances en que este sea reconocido legalmente. Durante el encuentro, la activista feminista Amelia Ojeda relató el litigio jurídico vía amparo que impulsó en Mérida la asociación civil Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) para luchar contra la penalización del trabajo sexual. Unasse usó una argumentación que coincide con la de la jueza Paula María García Villegas, quien unos años antes resolvió el amparo relativo a la petición de licencia de trabajadores no asalariados que reclamaron unos grupos de trabajadoras sexuales de la Ciudad de México. Esta jueza basó su argumento en “los derechos humanos al trabajo y a la igualdad contemplados en los artículos quinto y primero de la Constitución”, además de subrayar la importancia de respetar la libre elección de ese trabajo, pues no hacerlo sería inconstitucional. Gracias a esto se logró que la policía en Mérida ya no detenga a las trabajadoras sexuales en la vía pública. [4]

Finalmente, es importante visibilizar que un alto porcentaje de las personas trabajadoras sexuales son mujeres trans, quienes se encuentran expuestas a varias formas de violencia y discriminación, tanto por su condición de género como por su trabajo. Un ejemplo destacado de esto fue el ataque con arma blanca a Natalia Lane, una activista de derechos humanos y trabajadora sexual trans, el 16 de enero del 2022.< a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]Como es bien sabido, muchas mujeres trans se dedican al trabajo sexual debido a la falta de oportunidades laborales por el estigma hacia su identidad de género. Sin embargo, independientemente de cuál sea la razón que lleve a una mujer —sea cual sea su identidad de género o condición social— a dedicarse al trabajo sexual, todas deberían poder ejercerlo en condiciones seguras y haciendo valer sus derechos humanos y laborales.