El Senado de México declara ilegal el envío de armas de los Estados Unidos que vulnera la soberanía, atenta contra los derechos humanos y promueve la violencia en el país

El 13 de marzo de 2011, el Senado mexicano declara ilegal permitir el envío de armas desde los Estados Unidos a México. Al hacerlo, ese país estaría violando la soberanía nacional y apoyando la violencia y guerra interna, causante de alrededor de 65 mil muertes durante el sexenio de Felipe Calderón [1]. Atentando contra los derechos humanos de la población mexicana y los acuerdos entre instituciones.

Rápido y furioso [2]. así pasó a la historia mexicana una operación secreta estadounidense que implicó al tráfico de armas desde los Estados Unidos a México. Entre 2009 y 2011, la Oficina de Alcohol, tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos ingresó ilegalmente a México más de dos mil quinientas armas de fuego, las cuales tenían un chip para poder rastrearlas y, así, localizar a los responsables del vender armas al crimen organizado mexicano. Los carteles ubicaron las armas y, quitándoles el localizador, las desaparecieron, se las apropiaron sin dejar huella. Sin embargo, en diciembre 2010 dos de los rifles de asalto salieron a la luz en un tiroteo en la frontera de Sonora con Arizona, donde murió un agente estadounidense de la Patrulla Fronteriza.

Una tercera arma apareció en San Luis Potosí en febrero de 2011: se usó para asesinar a otro agente estadounidense, miembro de la Oficina de inmigración y Aduanas. Un mes después, el 13 de marzo, en la Cámara de Senadores de México se discutió el descubrimiento, mientras la presidencia de la República —a cuya cabeza estaba entonces Felipe Calderón— insistía en no haber estado enterada de la operación y, en los Estados Unidos, el presidente Barack Obama enfrentaba a su Congreso por la secrecía de la acción[3].

Al identificarse la fuente del armamento que abastecía a los cárteles nacionales y a diversos grupos armados, y que había llevado a la muerte durante el sexenio de Calderón a aproximadamente 65 mil personas en lo que bien podía considerarse una guerra interina por el control territorial y de las personas para alimentar diversas categorías de tráfico, el Senado mexicano declaró ilegal el establecer concesiones y permisos para que los Estados Unidos enviran grupos armados y armamento al país, utilizando para ello una supuesta acción contra los narcotraficantes dentro de su “guerra contra el narco”. Los senadores consideraron que esta acción era, sobre todo, un atentado contra la soberanía.

Destacaron en sus planteamientos los senadores Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo (PT), y Ramón Galindo, del Partido Acción nacional (PAN), quienes coincidieron en que no sólo debía señalarse a los Estados Unidos como responsables del tráfico de armamento, sino también a los funcionarios de las aduanas mexicanas, a través de las cuales habían estado circulando los cargamentos sin mayor problema[4]. En ese entonces, de las armas que ingresaban ilegalmente a México, 90 % provenían de los Estados Unidos.

En 2017, el Gobierno mexicano recuperó de manos de la delincuencia organizada quinientas armas del operativo Rápido y furioso. Un año antes, los Estados Unidos había aceptado la irresponsabilidad, falta de previsión y fracaso, como los errores del operativo en un informe de la Oficina del inspector General del departamento de Justicia. El gobierno mexicano solicitó en 2020 la información, acentuando con su actitud y determinación que, en asuntos de soberanía, México tiene claridad y no pretende permitir que ésta sea pisoteada. En la investigación quedaba claro el involucramiento gubernamental en la fecha del operativo, de 2009 a 2011[5], y se confirmaba que Calderón estaba al tanto de él.