Masacre en la Alameda. Inicio de la guerra sucia

El 7 de julio de 1952 es una de las fechas más sombrías y olvidadas en la historia de México ¿La razón? Aquel trágico día, en el marco de la campaña presidencial, que Henriquistas y Jaramillistas impulsaban, por la vía institucional, sus legítimas demandas a elecciones libres y transparentes, por órganos auténticamente ciudadanos para propiciar y fomentar no solamente los ejercicios de la democracia formal, sino también de la democracia participativa, como lo son la consulta popular, el referéndum y la revocación de mandato, plasmados en el Programa de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), que sostuvo la candidatura de Miguel Henríquez Guzmán justo hace 70 años. Estas demandas implicaban la transformación del sistema político imperante y la vigencia plena de los derechos humanos en México.

Sin embargo, todo cambió cuando el Estado presidencial efectuó uno de los hechos más brutales al reprimir una manifestación pacífica en oposición al resultado de la elección presidencial del periodo de 1952-1958, donde se le otorgaba el triunfo a Adolfo Ruiz Cortines. Los manifestantes estaban seguros de que su candidato el General Miguel Henríquez Guzmán había resultado ganador.

Los partidarios de Guzmán se reunieron para celebrar su verdadero triunfo, pero el evento familiar pronto se convirtió en una tragedia. Este hecho reveló la violencia al derecho de la vida, libre elección, manifestación, reunión, siendo víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte del gobierno de Miguel Alemán Valdés, y luego de los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos

Este día a Henríquez le eliminaron su derecho a ser elegido democráticamente por la sociedad y debe resguardase en la memoria histórica de los y las mexicanas, porque fue el comienzo de la violencia política de estado, conocida popularmente como “guerra sucia”.

Todo comenzó un día antes, el día 6 de julio de 1952, los mexicanos votaron por un cambio que permitiera reivindicar el ideario revolucionario y del cardenismo por medio del General Miguel Henríquez Guzmán, quien consolidó su trayectoria militar dentro de las filas constitucionalistas y, al final de la Revolución, en las del Ejército Mexicano, sobre todo bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien lo apoyó y le brindó su confianza.

Henríquez Guzmán lanzó su candidatura en dos ocasiones. La primera fue en 1945, como representante del antecedente del Partido revolucionario Institucional (PRI). En 1945 Henríquez Guzmán contaba con el respaldo de Cárdenas y de buena parte de los miembros Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Sin embargo, el presidente Manuel Ávila Camacho prefirió apoyar al secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, quien resultó electo en esa jornada electoral. A pesar de no competir a nivel presidencial, Henríquez Guzmán y sus seguidores, los henriquistas, no se dieron por vencidos y se reorganizaron para las siguientes elecciones, en 1952.

Durante el gobierno de Miguel Alemán, México cambió. El descontento popular llegó a ser general, pues este presidente prefirió beneficiar el desarrollo de grandes empresas nacionales y extranjeras al de la gente. La pobreza se volvió una constante, pero la memoria de la revolución y el cardenismo aguijonearon el sentir de la mayoría a favor de un cambio reivindicador de aquellos ideales[1].

A fines de 1950 surgió una nueva alianza campesina, independiente y contestataria de la Confederación Nacional Campesina (CNC), para ese entonces infiltrada por el gobierno alemanista y la corrupción. Se llamaba Unión de Federaciones Campesinas de México (UFCM), y fue ella quien respaldo la candidatura de Henríquez. Desde el inicio, el Estado ―a través de sus ramales de seguridad y autoridad estatal, regional, municipal― intentó desbaratar la organización con todo tipo de mecanismos de violencia y corrupción, pero la organización se mantuvo. El 4 de junio de 1951, obtuvo su registro como partido político bajo el nombre de Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM): tenía 43, 403 afiliados de 28 estados[2]. Había logrado integrar personas y grupos de antagónicos orígenes e intereses políticos y sociales, aliadas por un sentimiento común: la recuperación, y puesta en práctica, del ideario revolucionario como principio rector de México, única forma de terminar con la corrupción del Estado y recuperar la dignidad y la calidad de vida. Además, entre las propuestas del FPPM estaban también la igualdad de derechos para la mujer, la preocupación y atención a los migrantes y la moralización de los funcionarios públicos.

Miguel Henríquez Guzmán inició formalmente su campaña presidencial el 19 de agosto de 1951, en la cual recorrió el país y visitó los poblados para escuchar a la gente y sus planteamientos, una estrategia aprendida de Cárdenas. Fue una campaña turbulenta, pues sus enemigos no perdieron ocasión para violentar a sus compañeros o asustar a sus seguidores, como sucedió el 5 de junio de 1952 en Juchitán, Oaxaca.[3]Desde entonces, observamos que se estaba reprimiendo el derecho a libre reunión.

Las elecciones fueron el 6 de julio de 1952 y, pese a la proclama oficial de garantizar unas elecciones limpias, durante el proceso se presentaron irregularidades y violencia. Antes de darse las cifras finales, los periódicos ensalzaron como triunfador al candidato oficial del PNR, Adolfo Ruíz Cortines. Así que el 7 de julio de 1952 se programó una reunión a las 19:00 horas, aunque ya había personas desde las 18:30, donde los miembros y seguidores de la FPPM se congregarían en la Alameda Central de la Ciudad de México, para el evento nombrado Fiesta de la Victoria. La convocatoria apareció publicada en los periódicos ‘‘Excélsior’’ y ‘‘La Prensa’’ y se estima que eran cerca de 200 mil personas. A pesar de la gente reunida y el carácter político de la consigna, era un evento familiar y pacífico. Mientras llegaban al punto de reunión, los henriquistas gritaban “¡Fraude electoral!”. El reclamo provenía de antecedentes de robo de ánforas y la violación a ejercer su derecho al libre voto los simpatizantes del FFPM.

Ante la magnitud del evento, el coronel Joaquín Foullon, jefe del Servicio Secreto acompañado de su primer comandante Francisco F. Quezada, desplegaron un cerco de 200 policías armados con carabinas. Entre ellos destacan elementos de la Policía Secreta de la Jefatura de Policía, Policía Montada liderada por Silvano Sánchez, así como la presencia de Batallón Motorizado, a cargo del General Federico Amaya. También se encontraba el comandante Ángel Noguera con un grupo de granaderos y agentes del Servicio Secreto y de la dirección Federal de Seguridad (DFS). [4]

Por esta razón existía tensión en el ambiente, sólo faltaba el detonante para que se encendieran los ánimos, y la señal llegó en un abrir y cerrar de ojos. De repente, un infiltrado disparó desde la parte superior del edificio del Partido Constitucionalista, al jefe de Granaderos Alberto Uribe Chaparro, quien sufrió un roce de bala en su casco y la sangre empezó a brotar de su cabeza. A partir de ese momento, las fuerzas armadas comenzaron a disparar y golpear con sus armas contra los congregados, además de lanzar gases lacrimógenos, obligándolos a dispersarse en diferentes direcciones. La dimensión del caos era enorme: mujeres, hombres y estudiantes huían en distintas direcciones, niños llorando que eran protegidos por sus familias; en cambio otros intentaron defenderse con palos y piedras de sus agresores. [5]

Al tiempo que aparecían los heridos, los camilleros de la Cruz Roja y Cruz Verde recogían los cuerpos y eran inmediatamente colocados en ambulancias. Mientras que los fallecidos eran trasladados al callejón de García Lorca, para que tan sólo instantes después llegaran elementos de Sanidad Militar para llevárselos. [6] En este caso puede observarse que la estrategia represiva estaba planeada y organizada con antelación, en específico por el General Santiago Piña. Por un lado, los policías hacían su parte al golpear y asesinar a personas inocentes. Se estima que poco más de 200 personas fallecieron,[7] y los demás cuerpos fueron incinerados en el Campo Militar Número 1. La balacera duró varias horas y en los siguientes días hubo represión, desaparición forzada y detenciones arbitrarias a familiares y simpatizantes hacia el general Henríquez. Incluso el 9 de Julio se presentó una manifestación silenciosa hacia la Plaza de la Constitución donde se reunieron un millar de madres que buscaban respuesta ante la desaparición de sus hijos. Antes de arribar a su destino, el ejercito disolvió la manifestación y los periódicos desmintieron que hubiera existido esa marcha.

Observamos como se violentaban los derechos de libre reunión y de manifestación arbitrariamente y de manera impertinente. Asimismo, los medios aliados del gobierno elaboraron un discurso donde sus elementos actuaron en ‘‘defensa propia’’ antes las provocaciones de los henriquistas. Sin embargo, 15 de julio de 1952, esa afirmación fue respondida por una nota del “Heraldo del Pueblo” que enunciaba lo siguiente ‘‘El pueblo fue agredido por la policía montada y armada ... los motines que se sucedieron en distintos rumbos de la ciudad fueron ocasionados por la propia policía’’[8]

A pesar de que en algunos medios se omitieran los detalles de la represión, años más tarde, el 11 de octubre de 1972, Carlos Monsiváis recordó aquel trágico episodio en un artículo publicado en la revista Siempre! y señaló que el 7 de julio es “uno de los hechos menos documentados y más obscurecidos de nuestra historia”. [9]

¿Como era posible que una represión violenta se presentara en México? La justificación se encontraba en el artículo 145 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común, y para todo el país, que enuncia lo siguiente ‘‘Se afecta la Soberanía Nacional, cuando dichos actos puedan poner en peligro la integridad territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos’’. [10] Por tales motivos la policía o ejército debía “proteger” la soberanía nacional a cualquier costo y eso incluía contener a todos aquellos lideres y movimientos que se opusieran a las decisiones gubernamentales.

La semilla de la opresión se encontraba dentro del sistema político mexicano, y con el paso de los años aumentaron los casos de represión. Por esta razón, el 12 de diciembre de 1954 se publicó en el ‘‘Heraldo del Pueblo’’ un comunicado de advertencia por la violación de derechos humanos: ‘‘¿Permanecerá el pueblo diferente? Los golpes totalitarios en contra de los derechos humanos también a ti te tocan. ¡Alerta, pueblo mexicano, alerta! ¡Están asesinando a la libertad de México!’’. [11]

De esta manera, en México se instauró un nuevo sistema de Gobierno apoyado por la guerra sucia, que refiere a la serie de mecanismos y tácticas de represión que el Estado ejerce sobre sus enemigos políticos. En 1975, Octavio Rodríguez Araujo apuntó en su artículo “El henriquismo: última disidencia política organizada en México’’ que ‘‘Para el bloque en el poder, y particularmente para la élite política, el henriquismo fue expresión de una crisis en su hegemonía; crisis que no debía evidenciarse y que, por lo mismo, habría de ser evitada en el futuro. Fue una experiencia bien asimilada. Nunca más, hasta ahora, la élite política ha permitido resurgimientos organizados de oposición disidente’’. [12]La masacre en la Alameda, fue la punta de lanza, perfeccionándose y teniendo su punto cumbre, y más documentado, el 2 de octubre de 1968, además, fue en esos años que por primera vez se registró la desaparición de cuerpos de ciudadanas y ciudadanos asesinados por las fuerzas del Estado, los cuales habrían sido cremados en el Campo Militar número 1, estrenado con la matanza de henriquistas en La Alameda de la Ciudad de México, el 7 de julio de 1952.