La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a la gobernadora constitucional de Guerrero, a los secretarios de gobierno y de seguridad pública del estado, así como al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado y al comisario general de la Guardia Nacional, en favor de habitantes de las comunidades Tula y Xicotlán en Chilapa de Álvarez, Guerrero, e integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ), quienes han sido emboscados y agredidos, mediante el uso de armas de fuego, por el grupo armado “Los Ardillos”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicita, respetuosamente, a autoridades de los estados de Jalisco, Puebla y Guerrero que en dichas entidades se respete la actividad periodística y se asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.
Cerca de cumplirse siete años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha aperturado el Expediente de queja No. 54049/2021, a integrarse bajo las líneas de investigación planteadas e impulsadas por las madres y los padres de los normalistas, que no fueron consideradas ni valoradas suficientemente en investigaciones anteriores.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reiteró el exhorto a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Gobernador de Guerrero, al Director General y al Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Integral de la Familia (DIF) de esa entidad federativa, a implementar medidas para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), y evitar su participación en las policías comunitarias, garantizando su integridad personal con base en los principios del interés superior de la niñez y la adolescencia.
CNDH exhorta y hace un llamado urgente a las autoridades federales competentes para que atiendan las solicitudes y brinden protección, seguridad y defensa, amplia e inmediata, a las personas habitantes de las comunidades ejidales de Ciénega de Puerto Alegre, en el Municipio de San Miguel Totolapan y de Guajes de Ayala, en el Municipio de Coyuca de Catalán, por los hechos críticos y la situación de violencia que están viviendo. También exhorta al gobierno de Guerrero, a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado para que, sin demora, realicen todas las investigaciones necesarias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y se dé castigo a las y los responsables.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) presentó una queja y la denuncia correspondiente en contra de personal de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE) por impedir el acceso a lugares de privación de la libertad y obstaculizar así sus labores durante una visita de observación realizada el pasado 14 de abril.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, al presidente municipal de San Miguel Totolapan, Juan Miguel Acosta, y a la Fiscalía General del estado, para salvaguardar la seguridad, integridad física y vida de la familia del señor Carlos Marqués Oyorzábal, defensor ambientalista y Comisario municipal del poblado Las Conchitas, asesinado el pasado 3 de abril.
