Este lunes 28 de abril se publicó en el diario El Sol de México, el artículo de opinión titulado “Cuando los delitos se perpetran en forma generalizada”, cuya autora es Angélica de la Peña, quien se identifica como defensora por los derechos humanos y exsenadora de la República, con relación a la desaparición forzada y la tortura, señalando lo que considera omisiones de las autoridades frente a estas violaciones a derechos humanos, mencionando de paso, una supuesta “ausencia” del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente a tal panorama. Ante las aseveraciones vertidas, se aclara lo siguiente:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 176VG/2025 por violaciones graves a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), derivada de actos de tortura perpetrados en 2015 y atribuibles a elementos de la entonces Policía Federal (PF).
Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal por tratos crueles inhumanos y/o degradantes y actos de tortura en agravio de VD, atribuibles a elementos de la entonces Policía Federal, por hechos ocurridos en el municipio de Macuspana, Tabasco.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) de la Republica de Argentina firmaron el pasado 13 de febrero un Acuerdo Marco de Colaboración que permitirá fortalecer la cooperación entre ambas instituciones para la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en ambas naciones.
Al determinar la existencia de violaciones graves a los derechos humanos de cuatro personas que fueron detenidas y torturadas por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 174VG/2024 a la Fiscalía General de la República (FGR), donde solicita reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 173VG/2024 a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas (SSP) por violaciones graves a los derechos humanos, con motivo de hechos acaecidos el 5 de septiembre de 2019, cuando policías adscritos al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ingresaron —en diferentes momentos y sin contar con un mandamiento escrito de autoridad competente— a tres domicilios, de los cuales sustrajeron a varias personas, vulnerando además la integridad física y psicológica de los habitantes de los domicilios.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 172VG/224 a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al acreditar violaciones graves a los derechos humanos de una persona detenida y torturada en el año 2011 por personal castrense en Saltillo, Coahuila.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 171VG/2024 a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por un caso de tortura registrado en el año 2007.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 158VG/2024 por violaciones graves dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por actos de tortura y desaparición forzada cometidos por la Policía Judicial Militar (PJM) contra un trabajador de la SEDENA. También la dirigió a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México (CEJUR) por tardar seis años en realizar el dictamen necesario para comprobar la tortura, y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la deficiente investigación del caso.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 170VG/2024 dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad del Estado de México y a la Presidencia Municipal de Valle de Chalco Solidaridad, acreditó violaciones graves a los derechos humanos por tortura sexual contra una persona y por omisiones para garantizar el principio del interés superior de otra persona menor de edad, ocurridas en 2014.
