Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, a la libertad de tránsito y personal, así como al acceso a la justicia de QV, persona de nacionalidad venezolana residente permanente en México inadmitida en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida de V, así como al derecho a la información en materia de salud en agravio de QVI, VI1, VI2 y VI3, atribuibles a personas servidoras públicas del Hospital General Regional no. 180, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
A partir de una queja presentada en septiembre de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigó minuciosamente el caso y acreditó violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida y al trato digno en agravio de la víctima, así como al acceso a la información en materia de salud, en agravio de cinco de sus familiares. Por ello emitió la Recomendación 66/2025 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida y al trato digno en agravio de V, persona adulta mayor; así como al acceso a la información en materia de salud en agravio de QVI, VI1, VI2, VI3, VI4 y VI5, atribuibles a personas servidoras públicas del Hospital General de Zona no. 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Poza Rica, Veracruz.
Personas integrantes del Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa, víctimas de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero -en los que desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa-, se reunieron este día con la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), maestra Rosario Piedra Ibarra, y con funcionarias y funcionarios de esta Comisión Nacional.
El 24 de mayo de 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) abrió una queja tras una denuncia sobre violaciones a derechos humanos cometidas por personal de la Fiscalía Estatal de Estado de Veracruz (FGEV). Luego de la investigación, se emitió la Recomendación 020/2024, que confirmó diversas vulneraciones y propuso medidas como el avance de las investigaciones, reparación económica y capacitación del personal.
Sobre el recurso de impugnación de RVI, por la no aceptación de la Recomendación 020/2024 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, atribuible a la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vulnerando los derechos humanos de RVI, V, VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6 y VI7 a la legalidad y seguridad jurídica, y el derecho humano al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la verdad y el derecho de toda persona a ser buscada en perjuicio de V.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 180VG/2025 dirigida a la Secretaría de Marina (MARINA), al confirmar que las víctimas fueron objeto de graves violaciones en Tabasco. Se constató que vieron afectados su derecho humano a la dignidad, integridad personal, libertad y seguridad jurídica. La CNDH instó a la MARINA a tomar las medidas necesarias para reparar los daños causados y garantizar que estos actos no se repitan.
Sobre el caso de violaciones graves a derechos humanos al trato digno, integridad y seguridad personal, por actos constitutivos de tortura en agravio de V1, y tratos crueles inhumanos y degradantes en agravio de V2 y V3, así como a la libertad, seguridad personal y legalidad por la retención ilegal de V1, V2 y V3 atribuibles a elementos de la Secretaría de Marina en Paraíso, Tabasco.
El 8 de julio de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió la queja en la cual la víctima relató que fue detenido arbitrariamente por elementos de la entonces Policía Federal (PF), cuando se encontraba en las inmediaciones de una tienda en la carretera hacia Jojutla, Morelos. Denunció haber sido objeto de tratos crueles e inhumanos, presuntamente con el fin de forzarlo a admitir delitos que no cometió y a vincularse con un grupo delictivo. Posteriormente, fue trasladado a distintos lugares, incluido un domicilio en Jojutla y, finalmente, a las instalaciones de la entonces PGR en Cuernavaca, para ser puesto a disposición de la autoridad ministerial en la Ciudad de México.
