Palabras del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mtro. Luis Raúl González Pérez, en la conferencia de prensa referente a la entrega del Informe de Actividades 2018 de la CNDH ante el Ejecutivo Federal
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que 2018 fue un año crítico para los derechos humanos, donde las quejas referidas a salud, así como a las cuestiones relativas a la seguridad y justicia, fueron las áreas donde las personas acusaron mayores afectaciones a sus derechos. Durante 2018 subsistieron en México problemas tan graves como los miles de personas desaparecidas, la prevalencia de la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso a migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la persistencia de la violencia de género, la trata de personas, así como los ataques y homicidios en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoce la labor de madres ypadres como garantes de los derechos de sus hijas e hijos, y les llama a aplicar métodos decrianza positiva sin violencia que fortalezcan su autoestima e impulsen su desarrollo feliz ypleno, al tiempo que destaca el deber del Estado mexicano de generar políticas públicas yprogramas para apoyar a todas las madres y padres a cumplir sus obligaciones mediante laimplementación y ampliación de políticas y servicios de asistencia familiar, como los centrosde cuidado y atención integral infantil que permiten a madres y padres incorporarse al mercadolaboral, y hacer efectivos los derechos de la niñez a la educación, salud, juego, y a vivir encondiciones de bienestar, como la base de su desarrollo integral.
La Comisión Nacional es un contrapeso sano que debe ser vista como un colaborador del Gobierno que hace notar las áreas en donde se producen violaciones a derechos humanos. Entre sus funciones está la defensa de la dignidad de las personas y realizar las tareas que tiene conferidas con autonomía y no el erigirse en opositor del gobierno, por lo que si el Ombudsperson fuera suprimido y sus funciones atribuidas a cualquiera de los tres poderes, se lesionaría gravemente el Estado democrático de Derecho, de ahí que los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) se pronuncien porque no se revierta el Sistema Nacional no Jurisdiccional de Protección a los Derechos humanos, sino se le fortalezca para hacer respetar los derechos fundamentales.
Existen personas que persiguen sus sueños muy lejos de casa, sin embargo, la nostalgia por su familia, por sus tradiciones y por México, trascienden a través del tiempo y el espacio, y es lo que las motiva a volver. Para los originarios de la Sierra Gorda de Querétaro que radican en los Estados Unidos, la caravana de personas migrantes representa la oportunidad de viajar seguros hacia un reencuentro con sus seres queridos.
En el marco de la realización del “Conversatorio Género, Migración y Familia: su problemática” celebrado el 8 de mayo de 2019, en la Ciudad de México, quienes participamos deseamos manifestar lo siguiente:
RECONOCEMOS que la migración es un derecho humano establecido en el ámbito nacional e internacional.
Con la publicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el año 2014, producto de la iniciativa preferente del Presidente de la República, se dio inicio a un proceso que tiene por objetivo colocar en un lugar prioritario a los derechos de la infancia y la adolescencia en México.
Las actuales condiciones que vive el país evidencian la urgente necesidad de consolidar la cultura de los derechos humanos, y con tal fin la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) suscribieron un convenio de colaboración que permitirá, en los distintos ámbitos de competencia, trabajar con estricto apego a tales prerrogativas y con pleno reconocimiento de que la labor que se realiza impacta de manera directa en el respeto de la dignidad de las personas.
La situación de marginación y pobreza, así como las condiciones laborales de los más de 2 millones de personas jornaleras agrícolas, en su mayoría contrarias y violatorias de los derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a la obligación de garantizar el interés superior de la niñez; son el origen de la Recomendación General 36 dirigida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría del Trabajo (STPS), Secretaría de Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, ante el riesgo y vulnerabilidad de ese sector poblacional por el contexto geográfico, económico, social y laboral que enfrenta.
