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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 254/2024 a la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas del Estado de Chiapas (SEDESPI), a la Fiscalía General de esa entidad, así como a los integrantes del Ayuntamiento de Zinacantán por vulnerar los derechos humanos de cuatro personas indígenas tzotziles, en hechos ocurridos en 2023.
Durante 2023, se realizó la supervisión al CERESO “Ayutla de los Libres”, localizado en el estado de Guerrero. Derivado de las visitas realizadas se identificó que la población privada de la libertad que se autoadscribe como indígena requiere la aplicación de políticas públicas que garanticen igualdad en la prevención de cualquier acto de maltrato, que pueda ser considerado como tortura al interior de los centros penitenciarios.
El informe destaca la importancia de reconocer las diferencias culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas en la implementación de salvaguardias que previenen actos de maltrato, o incluso tortura. En este sentido, se profundiza sobre la relevancia que tiene el acceso a servicios de traducción e interpretación a fin de favorecer que las personas privadas de la libertad conozcan y comprendan los procedimientos a los que son sujetas y, en consecuencia, puedan activar mecanismos de defensa en caso de que consideren que sus derechos han sido afectados.
Para la elaboración de este informe se realizaron trabajos coordinados con la Cuarta Visitaduría General a fin de incorporar su experticia en el análisis de las problemáticas identificadas.
Entre el 25 al 29 de septiembre de 2023 se realizaron visitas de supervisión a centros de detención administrativa en 10 municipios del Estado de Morelos. En el informe se expone la necesidad de fortalecer la implementación de salvaguardias que prevengan la exposición de personas privadas de la libertad a cualquier tipo de maltrato en sede administrativa municipal; resaltando la necesidad de implementar un modelo de justicia cívica con enfoque restaurativo que facilite y mejore la convivencia en una comunidad; así como evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
Los hallazgos obtenidos de las visitas dan cuenta de la diversidad de realidades y contextos administrativos que existen al interior de cada entidad federativa; identificándose que, a partir de sus recursos disponibles cada municipio ha desarrollado estrategias para procurar la implementación de salvaguardias que previenen cualquier acto de maltrato que pudiera ser valorado como tortura.
Es así que, el informe impulsa el desarrollo de políticas públicas transversales que permitan fortalecer los recursos tecnológicos, financieros, humanos y materiales con los que cuentan las autoridades municipales para la impartición de la justicia cívica, promoviendo su aplicación progresiva y con base a los contextos y circunstancias particulares de cada localidad.
Finalmente, se destaca la necesidad de la aprobación e implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica.
