Quedó integrado el Comité de Gestión por Competencias en Sistema Penal y DerechosHumanos, que presidirá Gerardo Laveaga, Director General del Instituto Nacional de CienciasPenales (INACIPE), y tendrá como Vicepresidente al Ombudsman Nacional, Luis RaúlGonzález Pérez, con la participación de Alberto Almaguer Rocha, Director General del ConsejoNacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), parapromover el desarrollo del conocimiento, capacidades, habilidades, aptitudes y hábitos depersonas interesadas en esta materia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 21/2015 dirigida al Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, por la violación a los derechos a la intimidad, seguridad jurídica e interés superior del menor en agravio de diez alumnas y alumnos, entre ellos cuatro menores de edad, del sexto año de un Centro de Estudios de Educación Media Superior en el Distrito Federal.
Las descargas residuales no controladas tanto municipales como industriales contaminan los ríos Atoyac, Xochiac o Hueyapan y sus afluentes, en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo en el estado de Puebla, y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros en el estado de Tlaxcala, dio origen a la Recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2018, dirigida al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Baltazar Hinojosa García, y al Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto Ramírez de la Parra, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, propiedad, trabajo y agua.
La restricción injustificada e ilegítima a derechos humanos que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a una persona que vive con el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), quien se inscribió para concursar por una plaza en la categoría de Auxiliar de Enfermera General y que por su sola condición de portador de VIH fue dictaminada como “No Apto”, dio origen a la Recomendación 25/2017 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dirigió al titular de ese Instituto, Mikel Andoni Arriola Peñalosa.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 48/2015, dirigida a los Presidentes Municipales de Jiutepec y Emiliano Zapata, Morelos, respectivamente, por el recurso de impugnación interpuesto ante la insuficiencia en el cumplimiento y no aceptación, respectivamente, de la Recomendación 048/2013-3, que les dirigió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
Aunque conocían su estado de salud por embarazo de alto riesgo, autoridades de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) obligaron a una perita en antropología forense a realizar esfuerzos y actividades peligrosas que contribuyeron a la pérdida del producto de la gestación. Los servidores públicos restaron la importancia que el caso ameritaba, minimizaron los riesgos, violentaron sus derechos humanos y se enfocaron únicamente a que se cumplieran las expectativas laborales, aun cuando existió disponibilidad para que otros funcionarios atendieran las peticiones del Ministerio Público de la Federación.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió el Informe 3/2018, dirigido a los Presidentes Municipales de 20 Ayuntamientos del estado de Jalisco sobre la visita a 29 lugares de detención que dependen de esas instancias, de los cuales 19 están destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto –Comisarías y Separos de Seguridad Pública— y 10 funcionan como cárceles municipales, además de una casa hogar para menores de edad, en los que se detectaron algunas de las distintas irregularidades relacionadas con la falta de trato humano y digno, legalidad y seguridad jurídica, protección de la salud e integridad personal que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato.
