La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 29/2020 al Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas y al Fiscal General de Justicia de esa entidad federativa, por el uso ilegítimo de la fuerza pública por parte de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas (SSP-TAMPS), quienes dispararon sin justificación alguna en contra de una persona a la que privaron de la vida; y por omitir realizar diligencias para el adecuado esclarecimiento de los hechos.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, exhortó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, a que se investigue de manera exhaustiva la probable violación de los protocolos de actuación y de los estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego, durante un operativo realizado el pasado 3 de julio del año en curso en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que un civil fue abatido por miembros del Ejército Mexicano, tras ser reconocido como persona herida.
En la mesa de trabajo celebrada este día, en la que participaron víctimas y miembros de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, así como con representantes de la Secretaria de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Gobierno del Estado de Tamaulipas, Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como invitados especiales entre los que se encontraban representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, los Procuradores de Derechos Humanos de Guatemala y el Salvador, un Representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, entre otros, con motivo del seguimiento de la recomendación 80/2013, relativa al caso San Fernando, se llegó a los siguientes acuerdos:
A 10 años de los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, en los que perdieron la vida 72 personas migrantes y se atentó contra 2 más, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rememora a las víctimas de tales hechos y, como una manifestación y exigencia por la no violencia en agravio de personas migrantes, del 17 al 22 de agosto del año en curso, las y los trabajadores de la institución portan un moño blanco
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida y seguridad jurídica de VD, por el uso ilegítimo de la fuerza pública atribuido a personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, en el Municipio de Ciudad Río Bravo, Tamaulipas, así como el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de VI1, VI2, VI3, VI4, VI5 y VI6.
La CNDH dirigió la Recomendación 35VG/2020 por violaciones graves a los derechos humanos, al Secretario de Marina, por la detención arbitraria y desaparición forzada de cinco personas; además de la detención arbitraria y privación ilegal de la libertad de una más en Ciudad Camargo, Tamaulipas. Tras analizar el caso, este Organismo Autónomo encontró evidencias que le permitieron acreditar violaciones graves a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, a la legalidad e integridad personal, atribuibles a personal de la Secretaría de Marina.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 36VG/2020 por Violaciones Graves a los derechos humanos, a los titulares de la Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía General de la República (FGR), Gobierno de Tamaulipas y Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, por el caso de 27 personas que fueron detenidas arbitrariamente y desaparecidas durante marzo, abril y mayo de 2018 por elementos de la Marina; 12 de las víctimas fueron encontradas posteriormente sin vida en brechas y “entierros clandestinos”, en los municipios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.
Del análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de evidencias que integraron el expediente de queja, se contó con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en la modalidad de inadecuada procuración de justicia y a la verdad, atribuibles a servidores públicos de la entonces Procuraduría del Estado, actualmente Fiscalía del Estado, en relación con el caso de personas de nacionalidad salvadoreña que perdieron la vida durante su tránsito por el Estado de Tamaulipas.
Sobre el caso de violaciones graves por la detención arbitraria y desaparición forzada de personas cometidas en agravio de V1, V2, V3, V4 y V5 en Ciudad Camargo, Tamaulipas.
Sobre las graves violaciones a los derechos humanos por la detención arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V26 y V27, y la privación arbitraria de la vida de V4, V8, V9, V10, V16, V17, V18, V19, V23, V24, V25 y V27, en nuevo Laredo, Tamaulipas.
