En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hacemos un atento recordatorio a todas las autoridades del Estado mexicano sobre el mandato constitucional que establece la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas que transitan y radican en el territorio mexicano, así como el deber de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentra la tortura, una grave violación a los derechos humanos, que atenta contra la integridad personal y la dignidad humana.
En el marco de la apertura anunciada el día de ayer, del Campo Militar Número 1, y de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) referentes al período 1965-1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cree importante emitir su posicionamiento, siempre en aras de abonar a la memoria, a la justicia y la verdad que reclaman y merecen las víctimas:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 112/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica por retención ilegal, y a la integridad personal por actos de tortura en agravio de una víctima, atribuibles a elementos de la entonces Policía Federal (PF).
Sobre el caso de violaciones a derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica por retención ilegal, así como a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura, en agravio de V, por elementos de la entonces Policía Federal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 101/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones a los derechos humanos a la integridad y al trato digno, por actos de tortura en agravio de una víctima, atribuibles a elementos de la entonces Policía Federal (PF), en la ciudad de Acapulco, Guerrero.
Sobre el caso de violación a derechos humanos a la integridad personal, al trato digno por actos de tortura en agravio de V, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; y el derecho a la seguridad jurídica, por retardar la procuración de justicia en perjuicio de V, por la entonces Procuraduría General de la República (en la temporalidad de los hechos) y la Fiscalía General del Estado de Durango.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, por detención arbitraria, así como a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura, en agravio de V, por elementos de la entonces Policía Federal.
La Fiscalía estatal se había negado a cumplir una Recomendación emitida previamente por la Comisión de Derechos Humanos local, relacionada con este caso
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 83/2022 a la fiscal general del estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, ante la no aceptación de un documento similar emitido por el Ombudsperson de esa entidad, relacionado con actos de tortura en contra de dos personas, en Taxco de Alarcón.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 79/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones a los derechos humanos a la libertad personal y a la seguridad jurídica por retención ilegal, y a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura en agravio de una víctima, atribuibles a elementos de la entonces Policía Federal (PF).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 76/2022 al titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), José Rafael Ojeda Durán, y al fiscal general de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Martínez Cervantes, por los actos de tortura y violencia sexual cometidos en agosto de 2014 en contra de una persona, atribuibles a elementos de la SEMAR y a policías ministeriales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
