En su Informe Semanal, la CNDH considera que las estrictas medidas aplicadas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, que implicaron el confinamiento impuesto, podrían ocasionar un impacto económico que afecte desproporcionadamente a las personas más vulnerables y bajo estas condiciones la pérdida de empleos consecuente requiere de una respuesta adecuada del gobierno que garantice coordinación y solidaridad entre instituciones para hacer frente a toda crisis. Enfrentar las consecuencias económicas, laborales y sociales de la pandemia requerirá de acciones que se sustenten en lecciones aprendidas como que el apoyo al empleo y la protección social deben ser elementos centrales en cualquier paquete de estímulos tanto para las empresas como las trabajadoras y los trabajadores. En la reanudación de actividades normales, deberá emplearse una estrategia que permita la recuperación de empleos y de ingresos a través de creación de fuentes laborales en sectores estratégicos, el crecimiento de la productividad y alentar el mejor uso de los avances tecnológicos.
La CNDH ha insistido en que las medidas expansivas que se apliquen en materia de política y económica, deben permanecer dentro de los límites de las obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos, por lo cual mantiene estricta vigilancia de los informes sobre los riesgos de contagio que no se toman en cuenta en esta etapa de la emergencia nacional. Dentro de la evaluación a estas políticas de retorno a la nueva normalidad, destaca la insuficiencia para adoptar medidas de protección para poblaciones vulnerables por lo que el organismo permanece atento al desarrollo de estos eventos ya que los gobiernos deben atender los desafíos cotidianos y manejar las crisis que surjan a partir de la contingencia por Covid-19, sin importar cuán agobiados se encuentren.
En ocasión del Día Internacional de las Familias (15 de mayo), CNDH pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno fortalecer las capacidades económicas, emocionales, laborales y sociales de las familias que habitan o están en tránsito en nuestro país, y a protegerlas frente a los fenómenos de violencia, inseguridad, desaparición de personas, pobreza, las crisis humanitarias como el desplazamiento forzado, los conflictos armados y las emergencias sanitarias como la del COVID-19.
La CNDH emitió Medidas Cautelares a favor de los pueblos originarios de la Península de Yucatán, dirigidas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), para que de manera urgente suspenda las actividades no esenciales relativas al proyecto denominado “Tren Maya”, y evitar el contagio y la propagación del virus entre trabajadores de la obra y habitantes de la región.
La CNDH hace un respetuoso llamado a las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en sus decisiones sobre la constitucionalidad de diversas porciones normativas de la Ley Minera, salvaguarden la posesión de las tierras, territorios y recursos de las comunidades indígenas Maseuales de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, del Estado de Puebla, por encima del otorgamiento de títulos de concesión. Hace este pronunciamiento en víspera de que el Máximo Tribunal de Justicia en el país resuelva sobre la constitucionalidad de algunas partes de la Ley Minera, con relación a los derechos territoriales que les son propios a esas comunidades.
La CNDH emitió un Pronunciamiento respecto al acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Anuncia que dará seguimiento y observará la aplicación del Acuerdo, y sostiene que la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario ante las circunstancias que justifican su intervención y el Acuerdo no brinda elementos para respetar y garantizar dicha condición; debe de ser subordinada y complementaria a las labores civiles de seguridad, y si bien el Acuerdo hace referencia a estos conceptos, no se cuenta con elementos concretos y definitorios sobre las exigencias de dicha actuación.
La CNDH hace un llamado a las autoridades mexicanas para respetar, promover y favorecer la concreción de la labor del as personas defensoras de derechos humanos, ante el alarmante contexto actual de violencia en el que desarrollan su labor en nuestro país. Insta a las autoridades de procuración de justicia a una pronta, autónoma y efectiva investigación para que estas agresiones no queden impunes.
14 de Febrero del 2020
La Ombudsperson nacional, María del Rosario Piedra Ibarra, presentó la Recomendación General 42/2020 "Sobre la situación de los derechos humanos de las personas con VIH y sida en México"
18 de febrero del 2020
La CNDH continúa brindando acompañamiento a colectivos, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de desaparición en los estados de Veracruz y Sinaloa
19 de febrero del 2020
La CNDH notificó a agricultores y habitantes de Mexicali, en Baja California, la Recomendación 1/2020, sobre violaciones al derecho humano al agua derivadas de la instalación y operación de una planta industrial cervecera
