• El Informe sobre las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, contiene propuestas de alternativas a la detención migratoria tendentes a proteger los derechos humanos de las personas migrantes
• El Informe sobre violencia contra periodistas en Veracruz destaca los estereotipos de género contra mujeres periodistas, la violencia institucional y las deficiencias en la investigación, así como propuestas a autoridades locales
• El reporte sobre las campañas de desinformación o noticias falsas, destaca el impacto de las mismas en los derechos a la información y a la libertad de expresión
Entre 2016 y 2018 participaron 13,267 personas servidoras públicos de todo el país en actividades de concientización sobre el trato digno y respetuoso a las personas mayores.
Podemos tener lenguajes diferentes... Nacer el épocas distintas.. pero todas y todos tenemos los mismos derechos...
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 99/2019, al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, Néstor Manuel Armendáriz Loya, misma que derivó del Recurso de Impugnación promovido en 2018 por el afectado.
La CNDH dirige la Recomendación 23VG/2019 a la Fiscalía General de la República y al Gobierno de Tamaulipas, por violaciones graves a derechos humanos de 196 víctimas de diversas nacionalidades halladas en 2011 en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas / El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, participó en el Encuentro Nacional Nosotrxs, en el que subrayó que el ejercicio de la autoridad ya no incumbe ni depende solo de la estructura burocrática / La CNDH dirigió la Recomendación 24VG/2019 al Gobierno de Veracruz, por violaciones graves a derechos humanos por la desaparición forzada de ocho policías municipales de Úrsulo Galván, ocurrida el 11 de enero de 2013.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió los Informes de Supervisión ISP-02/2019 y ISP-3/2019, por inadecuadas condiciones de vida de las personas mayores alojadas en tres casas hogar ubicadas en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, y una en Tijuana, Baja California, donde se detectaron violaciones a los derechos fundamentales de quienes allí se alojan respecto del trato humano y digno, legalidad y seguridad jurídica, protección a la salud e integridad personal, lo que representa riesgos de tortura contra la población que allí vive.
La negligencia de las autoridades, falta de supervisión, acciones y omisiones relacionadas con la seguridad estructural de un plantel educativo que colapsó como consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, privando de la vida a 26 personas y 23 personas más lesionadas, entre ellas niñas, niños y adolescentes y personal que allí laboraba, tuvo como consecuencia la afectación a los derechos humanos a la vida, integridad, legalidad y seguridad de las personas, que afectaron a las víctimas directas e indirectas y trastocaron la confianza y expectativa legítima de salvaguarda y protección de los derechos humanos que la sociedad ha depositado en las autoridades públicas, fue el origen para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la Recomendación 31VG/2019, dirigida al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Alcaldesa de la Demarcación Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana.
Por el caso de tres elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) –que brindaban protección y vigilancia a una empresa ferroviaria— quienes dispararon sus armas privando de la vida a dos personas migrantes que viajaban a bordo del tren e hirieron a dos más, además de amenazar a miembros de la Asociación Civil Estancia del Migrante, cuando les brindaban alimentos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 98/2019 al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; asimismo, al Gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, a los Fiscales Generales de Guanajuato y de Querétaro, Carlos Zamarripa Aguirre y Alejandro Echeverría Cornejo, respectivamente, por violentar el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que las 799 instancias gubernamentales federales y estatales a las que se solicitó información estadística sobre discapacidad revelaron contar con ella, pero no desagregada, e incluso se detectaron casos en que refieren, incongruentemente que tener tal información afectaría la esfera jurídica de los 7.5 millones de personas con discapacidad en el país, en tanto que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo se declararon no competentes para proporcionar la información, por no contar con datos sobre el número de inspecciones realizadas a empresas para garantizar la accesibilidad laboral de las personas con discapacidad.
