Dado que se comprobó que personas servidoras públicas del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez (CEFERESO), Estado de México, no brindaron atención médica en su modalidad de salud mental suficiente e integral a dos personas privadas de su libertad, a pesar de las características conductuales que habían mostrado, quienes finalmente se privaron de la vida, y derivado de que se constató que personal adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) omitió realizar una investigación exhaustiva de estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 131/2023 al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a la FGJEM.
Luego de constatar que personas servidoras públicas del Centro Federal de Readaptación Social número 11 (CEFERESO 11) en Hermosillo, Sonora, omitieron proporcionar la atención médica necesaria y suficiente a cuatro personas privadas de su libertad que habían dado positivo a COVID-19, tres de las cuales fallecieron por complicaciones de esta enfermedad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 134/2023 al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Del 03 al 05 de febrero de 2022 , el MNPT realizó una visita de supervisión al Centro Penitenciario Femenil de Saltillo con la finalidad de llevar a cabo un recorrido por las instalaciones y aplicar instrumentos o guías de entrevista a las mujeres privadas de la libertad. En ese sentido, se invitó a las 94 mujeres a participar en las entrevistas, las cuales 53 accedieron y, a partir de los testimonios recabados, el MNPT solicitó la apertura de 21 quejas y 21 denuncias ante las autoridades competentes por posibles actos de maltrato que pudieran ser constitutivos de tortura y malos tratos.
Del 22 al 25 de octubre de 2022, el MNPT llevó a cabo visitas a centros penitenciarios y lugares de detención de la Fiscalía de Aguascalientes en el marco del informe emitido por Naciones Unidas denominado “Hasta Perder el Sentido, Sobre la Práctica de Actos de Tortura, y Malos Tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014”. La finalidad de la visitas fue verificar si en ese momento subsistían los patrones o métodos en la perpetración de tortura y detectar las prácticas que pudieran favorecerla en distintos momentos.
Tras realizar una exhaustiva investigación del motín ocurrido el 1 de enero de 2023 en el Centro de Reinserción Social número 3 (CERESO-3), que derivó en el deceso de siete personas privadas de la libertad y de otras diez que se encontraban laborando; la evasión de personas internas y lesiones provocadas tanto a personas privadas de la libertad como a personal que trabajaba en el establecimiento penitenciario el día de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 132/2023 al gobierno constitucional del estado de Chihuahua, por actos y omisiones de autoridades que resultaron en la violación de derechos humanos a la reinserción social, a la integridad personal, a la vida, a la seguridad jurídica y a la legalidad.
A partir de dos quejas presentadas por mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) efectuó una visita a ese lugar y constató que 59 personas internas fueron transferidas, injustificadamente, al Módulo A de esa prisión, donde sufrieron incomunicación, falta de atención médica y psicológica, así como la vulneración de sus derechos fundamentales, por lo cual emitió la Recomendación 129/2023 al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Derivado de las inadecuadas condiciones de habitabilidad del Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, lo que transgrede el derecho a la reinserción social y a la estancia digna y segura de las mujeres privadas de la libertad, y de las niñas y niños que ahí se albergan, así como de la violación al derecho a la protección de la salud, a la alimentación, al agua y a su seguridad jurídica y legalidad, y de la vulneración al interés superior de la niñez de los hijos que viven con ellas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 124/2023 al Gobierno Constitucional del estado de Zacatecas.
Del 15 al 19 de mayo de 2023, el MNPT visitó nueve centros de reinserción social con el objetivo de analizar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, verificar los factores de riesgo que puedan derivar en actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como identificar condiciones de gobernabilidad y medidas tomadas por la autoridad para disminuir la violencia.
En seguimiento de las quejas interpuestas ante esta Comisión Nacional el pasado 4 de julio, y con fundamento en el artículo 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se solicitaron con carácter de urgente la implementación de medidas cautelares necesarias a fin de preservar el derecho humano a la integridad física de una mujer y dos hombres detenidos el 13 de junio pasado en la comunidad de Escolásticas, municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro.
En cumplimiento al compromiso social de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como Defensoría del Pueblo en nuestro país y con el deber de dar continuidad a la labor de transformación que la coloque como Órgano de vanguardia en la defensa y protección de los derechos humanos de grupos con necesidades específicas y en situación de vulnerabilidad, resulta indispensable incluir dentro de la agenda institucional el análisis de las condiciones que enfrentan las personas adolescentes1 y jóvenes que cumplen una medida de sanción en internamiento en los Centros Especializados existentes a nivel nacional con la elaboración del presente Informe Especial sobre las condiciones que viven las personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal en los Centros de Internamiento.2 El cual contempla la supervisión efectuada a cada uno de los Centros que proporcionan atención a este grupo poblacional en México, y la participación de las personas adolescentes sujetas al sistema de justicia juvenil.
