Conmemoración de la Matanza del Jueves de Corpus, “El Halconazo”. 10 de junio

El 10 de junio de 1971, el Jueves de Corpus, estudiantes principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) salieron a las calles en apoyo a la huelga que se había conjurado desde la Universidad de Nuevo León, por la defensa de la autonomía universitaria y otras demandas democráticas. El punto de reunión para marchar hacia el Zócalo capitalino de la Ciudad de México fue el Casco de Santo Tomás. Sin embargo, a la altura del metro Normal, un grupo paramilitar, organizado y financiado por el Estado, bajo la dirección del coronel Manuel Díaz Escobar[1], con la asesoría y auspicio de elementos del Ejército, la policía y los granaderos, agredió y asesinó a decenas de asistentes.

Este hecho registró violaciones masivas y sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas estudiantes y asistentes a dicho evento y constituyó un acontecimiento más de violencia en ese contexto de represión sistemática y criminalización de la protesta, principalmente contra los estudiantes, realizadas por el Estado Mexicano.[2]

Al respecto, para la década de los setenta, el Estado autoritario y el sistema de Partido Único, mediante la violencia explícita reprimió toda manifestación de organización y protesta social, como las rebeliones agrarias, las huelgas y movimientos sindicales, así como a grupos urbanos de maestros, médicos y estudiantes.[3]Socavó su actuar mediante asesinatos, encarcelamientos, desapariciones forzadas, amenazas y persecuciones.

La represión del 10 de junio no fue un episodio aislado sino un caso más de la violencia política de Estado en el que se violó el derecho a la libertad de expresión, a la protesta, y a la vida.

Desde la organización estudiantil de 1968, los estudiantes lograron numerosas victorias, como la autonomía de varios centros de estudio, entre ellos, la de la Universidad de Nuevo León. Sin embargo, el Poder Ejecutivo y sus ramificaciones gubernamentales no permitieron que estos acontecimientos se llevaran a cabo sin obstáculos.

En este estado del norte de México en particular, se ordenó la cancelación de dichos resultados y se atentó contra la autonomía universitaria, además se ordenó la disminución del presupuesto destinado a los centros educativos y universitarios. Hechos por los cuales se gestó de nuevo una organización y protesta estudiantil.

Con la meta de organizar las protestas contra dichas medidas arbitrarias se integró un comité de estudiantes en la Universidad de Nuevo León, quienes pidieron apoyo a las demás universidades del país. A este llamado respondieron la mayoría de las escuelas de la UNAM y el IPN, quienes concordaron realizar una manifestación masiva el 10 de junio de 1971[4].

Es importante, mencionar que días antes de dicha convocatoria se derogaron las leyes impuestas en Nuevo León contra la autonomía y la reducción del gasto. Pese a ello, una facción del movimiento estudiantil siguió convencido de la protesta con el objetivo de visibilizar su organización y sus demandas contra el autoritarismo del gobierno.

La marcha inició en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás, para después incorporarse hacia la Calzada México-Tacuba, con demandas en sus pancartas como “Libertad a los presos políticos”, “Educación popular”, “Democracia, sindical, democracia en la UNAM”, “El asesino está en el gobierno”, y “Repudio a la antidemocracia”, entre otros [5].

Cuando el contingente avanzó por avenida de los Maestros, agentes infiltrados conocidos como “halcones”, abrieron fuego desde las alturas contra las personas asistentes. Debido a ello, este hecho es comúnmente conocido como “El halconazo"[6]o” La matanza del jueves de Corpus".[7]

“Los halcones” fue un grupo formado por militares y jóvenes reclutados en zonas con un alto índice de pobreza y violencia de la capital mexicana[8]. Se tiene conocimiento que dicho grupo fue entrenado por los gobiernos de México y Estados Unidos a finales de los años sesenta,[9]y auspiciado por el gobierno federal durante décadas, con el objetivo de usarlos como herramientas de represión indirecta contra las manifestaciones y organizaciones sociales.

Con balas calibre 45 y carabinas 30 M-2 "los halcones" abatieron a cientos de jóvenes manifestantes que corrían buscando escapar de la agresión, o se enfrentaban a ellos propinándoles golpizas brutales. Existen testimonios que afirman que la agresión no fue fortuita y que los protestantes sufrieron persecución y violencia explicita dirigida, lo que demuestra que su objetivo no fue disolver la marcha sino criminalizar el movimiento y desorganizarlo, pues los halcones atacaron a los estudiantes y los persiguieron bajo la mirada pasiva de la policía que no intervino durante todo el encuentro. El saldo de dicho acontecimiento fue, según se ha expuesto hasta el día de hoy en medios oficiales, alrededor de 120 fallecidos y cientos de heridos, entre ellos estudiantes, civiles y personas integrantes de la prensa nacional e internacional[10]y una nueva matanza y masacre estudiantil.

El entonces presidente, Luis Echeverría Álvarez, se deslindó del suceso y durante décadas solo se culpó públicamente a algunos directores de seguridad pública. Sin embargo, más de 50 años después de la brutal agresión, estos sangrientos hechos no han sido condenados jurídicamente con el argumento de falta de evidencia tangible. Este acontecimiento, de acuerdo con los antecedentes y los hechos explícitos del día en cuestión, constituyeron expresiones directas de múltiples violaciones de derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta social pacífica.

En cuanto a las actuaciones de la CNDH, dirige a la presidencia de la República la Recomendación 26/2001, esto a efectos de que “gire sus instrucciones al Procurador General de la República, para que éste designe un fiscal especial, con el fin de que se haga cargo de la investigación y persecución, en su caso, de los delitos que puedan desprenderse de los hechos a que se refiere esta 3Recomendación, misma que fue complementada tiempo después por la recomendación 46/2020.

Motivo por lo cual se crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), encabezada por el Fiscal Ignacio Carrillo Prieto, la cual plantea como ejes principales la búsqueda de la justicia y de la verdad histórica de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo, sin embargo, casi cuatro años después, sin ningún avance en las investigaciones judiciales, el 25 de febrero de 2005 el Fiscal argumentó que esta falta de avances se debía a que en muchos de los casos “la información no ha sido suficiente para conseguir reunir los elementos necesarios conforme a nuestro sistema procesal penal, para poder realizar la consignación ante los tribunales y enjuiciar a los responsables”, y anunció en su lugar la elaboración de un “Informe histórico” que estaría dirigido a la sociedad mexicana, lo cual tampoco nunca ocurrió pues dicho informe fue enviado al archivo nacional.

“En el contexto de la conmemoración de los hechos conocidos como “Halconazo” del 10 de junio de 1971, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, publicó en su página personal el 11 de junio de 2021 el Informe de la FEMOSPP, para “hacer realidad la política del presidente Andrés Manuel López Obrador y recuperar la memoria y la verdad”[11]

Por lo que, de las investigaciones, del informe de la FEMOSPP y de las iniciativas se desprende, cómo estaban ligados al ejército y de alguna manera a la Dirección Federal de Seguridad, (DFS) esos grupos paramilitares como los Halcones, que con el pretexto del anterior presidente Manuel Ávila Camacho de que Los Estados Unidos Mexicanos se encontraban en Estado Guerra, se conservaron estos grupos paramilitares y la misma DFS, para ejercer violaciones graves a los derechos humanos, ya que el Estado mexicano se valió de dicha organizaciones policiacas y parapoliciacas que durante el transcurso de las décadas como fue el caso del periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez, fueron erigiéndose como mecanismos idóneos para el aparato represivo, para tratar de disolver y controlar cualquier tipo de manifestación y con ello ejercer violaciones graves a los derechos humanos.

La elección de los episodios abordados por la FEMOSPP tuvo como trasfondo el objetivo de cumplir con la recomendación emitida por la CNDH, de “los crímenes de Estado que históricamente laceran la conciencia de la sociedad mexicana, como las masacres contra estudiantes en 1968 y el conocido Halconazo del 10 de junio de 1971; el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, entre otros”.

Como consecuencia del movimiento estudiantil de 1968, el 27 de julio de 1970, los artículos 145 y 145 bis, relativos a castigar los delitos de disolución social, fueron derogados del Código Penal Federal, por considerarse anticonstitucionales, pero durante 25 años fueron el aval “legal” para la represión policiaco-militar de que fue víctima nuestro país[12].

Así mismo, la Presidenta de la CNDH María del Rosario Piedra Ibarra, crea una oficina especial para Investigar la represión y desapariciones forzadas por violencia política del Estado durante el pasado reciente, y subraya que conocer la verdad es necesidad imperante, obligación ética y deuda histórica para los ciudadanos[13].

La CNDH dirige Recomendación general a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y autoridades federales y estatales, a fin de salvaguardar el derecho a la democracia y el derecho a la protesta social, el derecho de reunión y el derecho de asociación, entre otros[14]