Creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 6 de junio

Desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los y las ciudadanas, el primer gran antecedente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encuentra en el siglo XIX, cuando el abogado constituyente Ponciano Arriaga, diputado de San Luis Potosí, impulsó la promulgación de la Ley de Procuraduría de Pobres en 1847. Dicha institución tuvo como objetivo “la defensa de las personas desvalidas, denunciando ante las autoridades respectivas, y pidiendo pronta e inmediata reparación sobre cualquiera exceso, agravio, vejación, maltratamiento o tropelía que contra aquellas se cometieren, ya en el orden judicial, ya en el político o militar del Estado, o bien de cualquiera otro funcionario o agente público[1]. Sin embargo, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX, gracias a una enfática demanda social en el ámbito nacional y de las transformaciones en la esfera internacional, que comenzaron a surgir diversos órganos públicos con la finalidad proteger los derechos de las personas frente al Estado.

Otros de estos órganos que fueron surgiendo son la Procuraduría Federal del Consumidor, en 1975, teniendo como finalidad la defensa de los derechos de las y los individuos, pero no necesariamente frente al poder público. Posteriormente, en 1983, el ayuntamiento de la ciudad de Colima fundó la Procuraduría de Vecinos, que dio pauta al establecimiento de dicha figura en la Ley Orgánica Municipal de Colima del 8 de diciembre de 1984, siendo optativa su creación para los municipios de dicha entidad.

Por su parte, el 29 de mayo de 1985 la Universidad Nacional Autónoma de México estableció la Defensoría de los Derechos Universitarios, y en 1986 y 1987 se fundaron la Procuraduría para la Defensa del Indígena en el estado de Oaxaca y la Procuraduría Social de la Montaña en el estado de Guerrero, respectivamente. Más adelante, el 14 de agosto de 1988, se creó la Procuraduría de Protección Ciudadana del estado de Aguascalientes, figura prevista dentro de la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos. Meses después, el 22 de diciembre, se configuró la Defensoría de los Derechos de los Vecinos en el Municipio de Querétaro. Además, en la capital de la República el entonces Departamento del Distrito Federal estableció la Procuraduría Social el 25 de enero de 1989.

A nivel federal, 13 de febrero de 1989 se creó, dentro de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Derechos Humanos. El año siguiente, el 6 de junio de 1990, por decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari, se fundó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), constituyéndose como un organismo desconcentrado de dicha Secretaría[2].

La protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, el 13 de septiembre de 1999, por medio de otra reforma constitucional, se le otorgó a la CNDH autonomía de gestión y presupuesto, así como personalidad jurídica y patrimonio propios[3].

En lo que respecta a los dos edificios principales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Jorge Carpizo y Héctor Fix-Zamudio se les nombró así en honor a dos grandes juristas. El Dr. Jorge Carpizo fue el primer ombudsman nacional al presidir por primera vez la CNDH. En el semestre de actuar de la Comisión 397 quejas fueron concluidas y 33 recomendaciones expedidas, principalmente dirigidas a la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR). De igual forma, los primeros programas creados fueron el de Agravio a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, personas desaparecidas, contra la tortura y de supervisión al sistema penitenciario. Durante el segundo semestre se siguieron atendiendo quejas y emitiendo recomendaciones creándose los programas de asuntos indígenas, beneficios anticipados de libertad de sentenciados, defensa de la niñez, sobre el libro de texto gratuito y de capacitación.[4]

Años más tarde se hizo una revisión al marco jurídico que regulaba su funcionamiento, por lo que, su presidente Jorge Carpizo, elaboró un proyecto de ley orgánica y que, gracias a este, se incluyó en el texto constitucional elevándose a rango constitucional la figura del ombudsman.

Por lo que respecta al jurista Dr. Héctor Fix-Zamudio fue uno de los mayores constitucionalistas de México, y uno de los principales impulsores de la figura de ombudsman y presidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una gran aportación de Fix Zamudio para la defensa de los derechos humanos fue dirigir sus estudios a difundir la creación y desarrollo en América Latina de organismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos, con la figura del ombudsman, basándose en análisis comparativos de diversos países; del mismo modo, en México, junto con el Dr. Jorge Carpizo, impulsaron la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) en la UNAM. La DDU fue la instancia universitaria que proyectó la necesidad de la defensa de los derechos humanos a nivel nacional, de igual forma, el proyecto del ombudsman del Dr. Zamudio se consolidó en 1990 con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante decreto presidencial y, posteriormente, mediante la reforma constitucional antes mencionadas.

Como Defensoría del Pueblo, la CNDH tiene las siguientes funciones y obligaciones:

• Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos.
• Conocer e investigar, a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos.
• Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
• Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos de las entidades federativas.
• Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables.
• Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país.
• Proponer a las diversas autoridades del país que, en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias.
• Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional.
• Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos.
• Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país.
• Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales firmados y ratificados por México en materia de derechos humanos.
• Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
• La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad de género.
• Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o necesario el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado o las legislaturas de las entidades federativas.[5]

El 7 de junio de 2020, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, en conmemoración del trigésimo aniversario de la institución, emitió un comunicado de prensa en el cual afirmó la importancia de lograr que las recomendaciones de la CNDH tengan carácter vinculante, con el fin de garantizar que las autoridades las acaten y reparen el daño producido por sus actos u omisiones. Asimismo, sostuvo que se tiene como objetivo aumentar la incidencia en las políticas públicas y reducir gastos mediante la optimización de recursos, para que la comisión pueda centrarse en su actividad y deber fundamental: atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a quienes están en riesgo de serlo. En sus palabras: “La CNDH es un logro del pueblo de México. Nuestro objetivo es devolverla al pueblo, que le sirva para que sea este el que califique, de manera que dejemos atrás un modelo que privilegió la promoción y divulgación de los derechos humanos, pero descuidó lo esencial de su misión: su protección y defensa"[6]