Del 7 al 24 de marzo de 2023, personal adscrito al MNPT realizó visitas de supervisión a ocho centros de reinserción social, localizados en el estado de Veracruz. Derivado de las visitas realizadas se identificó que la población privada de la libertad que se autoadscribe como indígena requiere la aplicación de políticas públicas que garanticen igualdad en la prevención de cualquier acto de maltrato, que pueda ser considerado como tortura al interior de los centros penitenciarios.
El informe destaca la importancia de reconocer las diferencias culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas en la implementación de salvaguardias que previenen actos de maltrato, o incluso tortura. En este sentido, se profundiza sobre la relevancia que tiene el acceso a servicios de traducción e interpretación a fin de favorecer que las personas privadas de la libertad conozcan y comprendan los procedimientos a los que son sujetas y, en consecuencia, puedan activar mecanismos de defensa en caso de que consideren que sus derechos han sido afectados.
Para la elaboración de este informe se realizaron trabajos coordinados con la Cuarta Visitaduría General a fin de incorporar su experticia en el análisis de las problemáticas identificadas.
Del 1 al 31 de marzo de 2023, personal adscrito al MNPT realizó visitas de supervisión a siete centros de reinserción social, localizados en los Estados de México y Puebla. Derivado de las visitas realizadas se identificó que la población privada de la libertad que se autoadscribe como indígena requiere la aplicación de políticas públicas que garanticen igualdad en la prevención de cualquier acto de maltrato, que pueda ser considerado como tortura al interior de los centros penitenciarios.
El informe destaca la importancia de reconocer las diferencias culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas en la implementación de salvaguardias que previenen actos de maltrato, o incluso tortura. En este sentido, se profundiza sobre la relevancia que tiene el acceso a servicios de traducción e interpretación a fin de favorecer que las personas privadas de la libertad conozcan y comprendan los procedimientos a los que son sujetas y, en consecuencia, puedan activar mecanismos de defensa en caso de que consideren que sus derechos han sido afectados.
Para la elaboración de este informe se realizaron trabajos coordinados con la Cuarta Visitaduría General a fin de incorporar su experticia en el análisis de las problemáticas identificadas.
Del 16 de marzo al el 04 de junio de 2021, el MNPT realizó visitas de seguimiento a agencias del ministerio público del fuero federal y local con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento de los 21 factores de riesgo alineados a 15 recomendaciones que se emitieron el Informe Especial 01/2019. Los resultados de las visitas permitieron observar un promedio de cumplimiento general de 52% de las recomendaciones.
Durante el mes de abril de 2024 se realizaron visitas de supervisión a tres centros penitenciarios en Baja California: Ensenada, Mexicali y Tijuana. El trabajo se realizó con base en estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y con perspectiva de género para identificar factores de riesgo de tortura y malos tratos.
El Informe analiza condiciones que podrían generar riesgos de malos tratos e incluso de tortura en la población privada de la libertad. Entre los hallazgos destaca sobrepoblación en varios centros, condiciones de infraestructura que no garantizan una estancia digna a quienes se encuentran privadas de la libertad; así mismo se identificó que la autoridad penitenciaria debe emprender acciones para fortalecer sus áreas médicas y con ello asegurar: oportunas y adecuadas certificaciones de integridad, atención médica y servicios especializados en salud de la mujer (ginecología). Aunado a ello, es necesario que los centros fortalezcan sus estrategias en materia de gestión menstrual digna.
Finalmente, se observaron restricciones en el acceso a defensoría legal y comunicación con el exterior.
Por lo anterior, el MNPT emitió una serie de recomendaciones de política pública para mejorar las condiciones de estancia penitenciarias, mitigar los riesgos detectados y prevenir la tortura y malos tratos.
