Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, habitantes de Tierra Blanca Copala fueron agredidos por personas armadas, situación que los obligó a huir de su comunidad, ante la falta de atención de autoridades federales y estatales para garantizar su seguridad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 36/2022 al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Arsenio Mejía García y al fiscal general de la entidad, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, por el desplazamiento forzado interno de personas indígenas Triquis de Tierra Blanca Copala.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la libertad y seguridad jurídica por detención arbitraria y retención ilegal en agravio de V1, V2 y V3, atribuibles a personas servidoras públicas de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora.
Sobre el desplazamiento forzado interno de personas de la comunidad de Tierra Blanca Copala, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena enérgicamente los hechos de violencia con armas de fuego, palos y piedras, posteriores a la elección de la persona titular de la presidencia municipal e Integrantes del Concejo Municipal en Oxchuc, Chiapas.
Este Organismo Nacional tuvo conocimiento de los hechos de violencia y de personas que resultaron heridas, suscitados luego de que dos candidatos se proclamaran ganadores del proceso electoral. La CNDH exhorta al gobierno estatal a garantizar la protección del derecho humano a la vida e integridad de todas las personas que habitan en dicho ayuntamiento.
Tras los hechos de violencia suscitados en el municipio de Oxchuc, en el estado de Chiapas, durante la celebración de elecciones para la conformación de su Ayuntamiento, y con el propósito de salvaguardar la seguridad, vida, libertad e integridad física de sus habitantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación y ampliación de medidas cautelares al gobernador del estado de Chiapas, a las titulares de la Secretaría General de Gobierno y de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, así como al fiscal general del estado y al comandante de la Guardia Nacional.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación de medidas cautelares a autoridades del gobierno de Puebla y al comandante de la Guardia Nacional en esa entidad, para salvaguardar la seguridad, vida e integridad personal de los pobladores del municipio de Coyomeapan, debido a que han recibido amenazas de ataques violentos.
En el Informe Ernestina Ascencio Rosario, Recomendación 34/2007: Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), analiza las acciones y omisiones realizadas por dependencias y organismos que intervinieron en la investigación de los hechos relacionados con el caso de la señora Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl.
