Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud de V1 y V2, a la vida V2, a una vida libre de violencia obstétrica y al acceso a la información en materia de salud de V1, en la Clínica Hospital “Dr. Roberto Nettel Flores” del ISSSTE, en Tapachula, Chiapas.
Acuerdo Modificatorio al Acuerdo de la Presidencia de la CNDH por el que se crea la Oficina Especial para investigar la represión y desapariciones forzadas por violencia política del Estado durante el pasado reciente.
Ante la información suscitada en torno al hallazgo de un menor de edad encontrado sin vida al interior del Centro Penitenciario de San Miguel, Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aclara que no ha ejercido la facultad de atracción del caso ni realiza investigación alguna al respecto.
Esta Comisión Nacional es respetuosa de las facultades y atribuciones de los organismos estatales de derechos humanos, señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así también lo es de la labor de las autoridades a las que corresponde la investigación de los hechos denunciados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) repudia el asesinato del fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez Esquivel y hace un llamado a las autoridades competentes para que, en el marco de sus atribuciones, realicen las investigaciones pertinentes hasta dar con las personas responsables.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 001/2022 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, y a la gobernadora constitucional del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya que elementos del ejército y de la Policía Preventiva de Baja California (PEP-BC) transgredieron, en el año 2011, los derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la seguridad jurídica y a la integridad de dos personas agraviadas. Las víctimas sufrieron detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura que les fueron infligidos por parte de los elementos de la entonces Policía Estatal Preventiva de Baja California y de la SEDENA.
