Ante la información suscitada en torno al hallazgo de un menor de edad encontrado sin vida al interior del Centro Penitenciario de San Miguel, Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aclara que no ha ejercido la facultad de atracción del caso ni realiza investigación alguna al respecto.
Esta Comisión Nacional es respetuosa de las facultades y atribuciones de los organismos estatales de derechos humanos, señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así también lo es de la labor de las autoridades a las que corresponde la investigación de los hechos denunciados.
Tras darse a conocer el lamentable descubrimiento del cuerpo sin vida de un menor de edad, de aproximadamente tres meses, al interior de un contenedor de basura en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO), en San Miguel, Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha determinado ejercer su facultad de atracción, iniciar la investigación correspondiente de los hechos, y solicita medidas cautelares al subsecretario de Centros Penitenciarios del estado de Puebla y a la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la entidad, a fin de que se colabore con la investigación que permita esclarecer los hechos, se garanticen los derechos humanos y se refuercen los controles de vigilancia, revisión e ingreso en el Centro.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación de medidas cautelares a autoridades del gobierno de Puebla y al comandante de la Guardia Nacional en esa entidad, para salvaguardar la seguridad, vida e integridad personal de los pobladores del municipio de Coyomeapan, debido a que han recibido amenazas de ataques violentos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicita, respetuosamente, a autoridades de los estados de Jalisco, Puebla y Guerrero que en dichas entidades se respete la actividad periodística y se asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.
La protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas. En efecto, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas —individuales y colectivas— de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales, y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados.
